La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió a las autoridades del gobierno federal y del gobierno del Estado de Puebla el cese de la criminalización contra Rita Amador López, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA), así como de  los integrantes de esa organización.

Defensoras de derechos humanos de 22 estados de la República emitieron un comunicado solicitando la intervención a la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que se desechen las averiguaciones previas contra Amador.

De manera urgente solicitaron la inmediata atención a la salud del defensor Rubén Sarabia Sánchez, esposo de Rita Amador, quien se encuentra grave y cuya salud podría empeorar y derivar en su muerte, debido a la falta de atención médica que se le ha negado durante el año que ha permanecido en prisión.

Pidieron también la liberación inmediata e incondicional para los miembros de la UPVA 28 de Octubre que se encuentran actualmente presos.

LA RED, que integra a 103 diversas organizaciones no gubernamentales del país, lamentó que el pasado 8 de enero de 2016 la defensora fue personalmente notificada del auto de formal prisión o preventiva en su contra, y en contra de tres integrantes más de su organización: María de la Luz Gálvez Javier, esposa de Xihuel Sarabia Reyna (detenido el pasado 9 de diciembre de 2015); Sergio León López y Silverio Montes Silva.

Dicha resolución fue dictada por el Juez Tercero de lo Penal, el cual resolvió que tanto Rita Amador como sus tres compañeros son “probables responsables de la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación”, luego de la marcha pacífica que realizaron el pasado 21 de agosto en la ciudad de Puebla.

A pesar de que Rita Amador  cuenta con un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal lo que evitaría su detención, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos manifestó su  preocupación por lo que llamó “la criminalización que prevalece y aumenta en contra de quienes defienden los derechos laborales en el Estado de Puebla y que podría derivar en la generación de un nuevo proceso penal en su contra”.