El Senado de la República solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre el avance en las investigaciones y el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos de diversas personas que se han manifestado en contra de diversos actos de autoridad en el estado de Puebla.

Lo anterior luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta dio luz verde al Punto de Acuerdo que en su oportunidad presentó el senador poblano del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, y quien argumentó que “el estado de Puebla es la entidad federativa que ocupa el primer lugar en represión de movimientos sociales y en criminalización de los actos de protesta de los ciudadanos, con un número aproximado de 241 personas encarceladas, perseguidas o en un juicio por acusaciones falsas”.

El documentó indicaba que más de 40 asociaciones civiles nacionales y del estado, han solicitado que no se persiga ni criminalice a quienes defienden el medio ambiente, el patrimonio histórico, rechazan megaproyectos que despojan a comunidades de recursos naturales y que defienden derechos laborales.

El senador Bartlett señaló como ejemplo de esa situación, el caso de Juana Macuiti Cóyotl y su hija, quienes siguen un juicio por el delito de portación de armas de fuego, cuando solo estaban en contra de que el pago en el transporte público se realizara con tarjeta de prepago.

También mencionó el caso de Adán Xicale Huitlé y su hijo, quienes fueron procesados por defender la zona arqueológica de Cholula del proyecto "Parque de las Siete Culturas".

Por ello, el senador poblano solicitaba en su Punto de Acuerdo que el Senado emitirá un exhorto a la CNDH a “investigar las conductas del gobernador del estado de Puebla a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, proscribir la represión de los movimientos sociales en ese estado, e impedir que se crimina/icen los actos de protesta de los ciudadanos”.

Durante el análisis de dicha solicitud, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta dijo coincidir con el Senador Blartlett en la necesidad de proteger los derechos constitucionales de libre expresión, asociación y manifestación.

“Quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que todas las autoridades del país están obligadas a respetar el derecho de los ciudadanos a manifestar su inconformidad ante los actos emitidos por distintas autoridades, a efecto de garantizar lo establecido en el artículo 6 de la constitución”, indicó.

Por ello, aprobó que el Senado de la República le solicite a la CNDH dicho informe, a fin de conocer el avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos con respecto a las quejas por diversos actos de autoridad en la entidad poblana.