Los delitos en general y la represión contra medios de comunicación locales crecieron de manera exponencial durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, a pesar de las promesas de campaña que hizo el mandatario en 2010, señalaron especialistas durante la “Jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA).

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, director del observatorio de transparencia Con Los Ojos Abiertos, reseñó cómo las promesas de campaña de Rafael Moreno Valle Rosas de impulsar la democratización de los medios de comunicación, despenalizar los delitos de difamación y la calumnia, así como tipificar delitos contra prensa, se fueron resquebrajando con los años.

Peligroso para periodistas

El activista comentó que poco después de llegar a la gubernatura, Moreno Valle Rosas mandó una iniciativa para despenalizar la difamación y la calumnia, aunque nunca se modificaron los montos excesivos para quienes sean acusados, a pesar de que dicho cambio debió aplicarse en los 180 días posteriores a su publicación.

El entonces vocero oficial del gobernador, Sergio Ramírez, denunció por daño moral a dos periodistas, aunque se hablaba de una lista mucho más grande. Al final el proceso no culminó pero el mandatario poblano dio muestras de su poca tolerancia y autoritarismo, dijo el ponente

Cuauhtémoc Cruz destacó también que las agresiones contra los comunicadores van en aumento, pues pasaron de 33, en el periodo 2011-2014, a 35 hasta el tercer trimestre de 2015, lo que  ubica al estado como el cuarto más peligroso para ejercer el periodismo.

Asimismo el gobierno estatal ejercería presión vía la publicidad oficial y a través de "auditores", quienes avalan los contenidos que circulan en radio y televisión.

Cruz mencionó también la aprobación de la llamada Ley Bala, que no sólo limita la protesta social sino que ya cobró la vida del menor de edad, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno durante el desalojo de pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.

Ciudadanos gastan para su seguridad

Por su parte el periodista Ernesto Aroche Aguilar, director del portal Lado B, dijo que a la par que subieron los gastos de los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, a lo largo del sexenio hubo un repunte de delitoscomo el robo con violencia, homicidios y robo de combustible.

Mientras que en 2011 los poblanos gastaron mil 933 millones de pesos para mantenerse a salvo, en 2014 la cantidad subió a 2 mil 343 millones de pesos. Esto significa 21 por ciento más de gasto para los ciudadanos.

Esta situación podría deberse a que la cantidad de delitos se incrementó durante esta administración, pues los homicidios dolosos pasaron de 415, en el año 2010, con Mario Marín Torres, a 619, en el año 2011.

Aunque para 2014 los asesinatos denunciados fueron 358, este 2015 se vuelve a presentar un repunte pues el conteo hasta octubre del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) llega a 411 casos.

En tanto que el robo de combustible se disparó 540 por ciento durante este sexenio, lo cual coloca a Puebla en el top ten de estados con más tomas clandestinas.

Falta información sobre la violencia contra las mujeres

Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio  Ellacuría, de la Ibero Puebla (IDHIE), analizó siete aspectos en materia de derechos humanos donde hay atraso: menores de edad, mujeres, migrantes, trata, pobreza, presos y represión social.

La académica destacó la falta de información sobre la violencia contra las mujeres, ya que poco se conoce de las condenas, sentencias y órdenes de protección que se derivaron de los feminicidios o violencia doméstica.

Pese a que el Senado pidió el gobierno estatal un informe detallado del ataque al tren conocido como "La Bestia" en territorio poblano, donde un menor centroamericano murió y uno más resultó herido, no hay información sobre el caso, además de que testimonios recabados por el IDHIE indican que los agentes de seguridad en Puebla violentan y a veces roban a los migrantes.

En cuanto a la trata de personas Puebla es la segunda entidad con más casos reportados, pero las desapariciones de mujeres y niñas no se está investigando de manera adecuada.

Despojan a los pueblos indígenas

Cariño Cepeda agregó que en materia de justicia existen violaciones a los derechos humanos en los penales y el sistema judicial se utiliza para golpear y despojar a las comunidades de sus territorios.

Mencionó los casos de los pueblos de las faldas del volcán Popocatépetl con el gasoducto Morelos, el Parque Intermunicipal en Cholula, la Casa del Torno en el centro de Puebla y el Aviario en el Parque Ecológico.

Abundando en el despojo, Miguel Sánchez, de la comunidad de Ignacio Zaragoza, en el municipio de Olintla, señaló que desde hace tres años mantienen una lucha contra proyectos hidroeléctricos en la zona.

Primero se enfrentaron a la empresa Grupo México y lograron, a pesar de las amenazas y hostigamiento, que la presa no se construyera.

Sin embargo desde marzo de 2014 la compañía Comexhidro, en contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno, busca imponer un proyecto hidroeléctrico en Tepatlán, Ahuacatlán, Tlapacoya y Chiconcuautla.

Para ello se hizo una simulación de consulta a los pueblos indígenas, misma que fue descalificada por la población y organizaciones como Fundar, y también se liberaron órdenes de aprehensión contra 14 pobladores.

Sánchez dijo que esto es una muestra de lo que se vive en la Sierra Poblana, donde se quieren imponer proyectos de muerte por sobre los pueblos indígenas.