Luego que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) se negara a reinstalar a dos policías que fueron cesados injustificadamente el año pasado, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa expuso el caso ante los tribunales federales para solicitar la destitución y consignación del titular de la dependencia, Alejandro Santizo Méndez, por el delito de abuso de autoridad.

Lo anterior se dio a conocer en un acuerdo publicado ayer en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el amparo 983/2015, que le fue concedido al policía municipal José Daniel Rojas González.

Los otros funcionarios de la SSPTM que también podrían ser removidos de su cargo y consignados ante un juez federal, por desacatar un mandato judicial, serían la directora jurídica, el titular de la Unidad de Asuntos Internos, el director administrativo y la jefa del Departamento Jurídico.

Además de remitir el expediente a los tribunales en materia administrativa, el juez les impuso una multa de 200 días de salario mínimo al titular de la Dirección Administrativa y jefa de Departamento de Recursos Humanos de la misma institución.

“Se hace efectivo el apercibimiento con que se previno a las autoridades responsables (…) y se les impone a cada una de ellas una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, señala el documento.

A inicios del mes de noviembre, los elementos José Daniel Rojas González y Héctor Israel Quintero Sosa, ganaron sendos amparos contra la SSPTM, quien los dio de baja en octubre de 2014, presuntamente por no haber aprobado los exámenes de control de confianza.

Al dictar las sentencias en los juicios correspondientes, las autoridades federales ordenaron al organismo la reincorporación de los agentes a la Policía Municipal, además de que se les pagaran en forma retroactiva los salarios que dejaron de percibir desde que fueron despedidos.

Los jueces federales le giraron varios oficios solicitando que acatara las órdenes y le advirtieron que, de no hacerlo, procederían penalmente en su contra y se le fijaría una multa económica; sin embargo, la dependencia se negó en todo momento a dar cumplimiento a la ejecutoria de las sentencias.