Ana Teresa Aranda Orozco anunció que recurrirá a todas las instancias necesarias, incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener una candidatura independiente y contender por la gubernatura, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no invalide los candados que en Puebla se pusieron a este tipo de postulaciones electorales.

Este martes la SCJN continuó con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la reforma electoral en Puebla, redujo el porcentaje de firmas necesarias para una candidatura ciudadana y amplió el plazo para obtenerlas, pero mantuvo el candado para evitar que militantes de partidos se lancen si es que no renunciaron a su membresía un año antes de la elección.

Sobre el tema, Aranda explicó que los candados más importantes en los que la Corte debe centrarse y eliminar son la comparecencia ante órganos electorales de los simpatizantes de candidatos independientes, así como el periodo de 20 días que los aspirantes tienen para recolectar y presentar firmas de apoyo.

En opinión de la ex panista, si la SCJN eliminara los candados de la reforma electoral, enviaría un mensaje de confianza a los ciudadanos, sin embargo en caso de que no lo hiciera, anunció que recurrirá a todas las instancias necesarias para conseguir una postulación a la gubernatura por la vía independiente.

En entrevista previa a participar a la presentación del nuevo Centro de Defensa y Difusión de los Derechos Humanos “José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo”, Aranda explicó que si el dictamen de la SCJN no le favoreciera, interpondrá un juicio de protección de los derechos político-electorales, primero ante instancias locales y, posteriormente, en organismos federales, incluso contempla la posibilidad de recurrir a la CIDH.  

“Mi decisión es recorrer todo el camino de los independientes”, subrayó, al señalar que Puebla padece una represión en diversos aspectos que desea combatir.

Refirió que en la entidad no existe división de poderes, pues el Legislativo y Judicial están subordinados al gobernador Rafael Moreno Valle, además de que se ha coartado la libertad de expresión, además de que la inversión pública se centró sólo en la capital poblana.

“A los periodistas les aplican el artículo sexto, se van al sexto de la basura, son cosas que duelen porque pensamos que ya estaban resueltas y que no volverían a ocurrir”, acotó.

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