Las presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta el exsecretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Pando Mejía, continúan, según denunciaron familiares de la víctima, quienes acusaron un presunto trato privilegiado por parte del juez Joel Daniel Baltazar Ávalos, encargado del caso.

De acuerdo con información proporcionada a e-consulta por la familia, el pasado 9 de julio se llevó a cabo una audiencia contra el exdirigente panista. Durante la diligencia, aseguraron, el Ministerio Público formuló imputaciones por los presuntos delitos de estupro, corrupción de menores y pornografía infantil.

No obstante, la familia sostuvo que el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos otorgó un plazo adicional a la defensa de Carlos Pando para presentar sus argumentos, decisión que calificó como un acto de favoritismo dentro del proceso.

Ante esta situación, los familiares solicitaron que las autoridades conduzcan el caso conforme a derecho. Afirmaron que los hechos denunciados ocurrieron cuando la víctima era menor de edad y señalaron que el imputado tenía más de 30 años al momento de la presunta comisión de los hechos.

También informaron que la siguiente audiencia está programada para el 15 de julio. Hasta el momento Carlos Pando Mejía no ha sido vinculado a proceso.

Descubrieron mensajes enviados a una menor en noviembre de 2025

En entrevista con e-consulta, la madre de la víctima, identificada como Miriam, relató que en noviembre de 2025 descubrió mensajes, videos con contenido sexual y promesas que, presuntamente, Carlos Pando enviaba a su hija, quien entonces tenía 17 años y a quien conoció durante pláticas dirigidas a jóvenes organizadas por el PAN.

Explicó que ese mismo mes presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde entregó el material que, afirmó, acreditaba los presuntos delitos de estupro y pederastia atribuidos al exfuncionario partidista.

La denunciante indicó que, tras la práctica de peritajes psicológicos y médicos, así como entrevistas con testigos, solicitó de manera reiterada información sobre la fecha de la audiencia inicial, debido a que su hija cumpliría la mayoría de edad en enero de 2026 y temía que esa circunstancia modificara las condiciones legales del proceso.

Añadió que, una vez que la joven alcanzó la mayoría de edad, se mudó con el político y solicitó a las autoridades judiciales asumir su propia representación legal, además de pedir que su madre y demás familiares dejaran de acudir a las audiencias y diligencias del juicio. (MCJ)