El panista Javier Lozano Alarcón reconoció que tendrá que pagar a Manuel Bartlett Díaz los costos generados por el proceso que en 2012 emprendió en contra del senador del PT, a quien acusó de daño moral.

El exsecretario federal del Trabajo lamentó que el Tribunal Superior de Justicia  (TSJ) favoreciera a Bartlett Díaz, a quien calificó de bocón y hocicón.

“Qué tengo que hacer, pues ni modo, si no me da la razón el poder judicial y piensan que todo es libertad de expresión (…) ¿se vale que entre los políticos no podamos decir todas las mentiras sin consecuencias? Qué pena y pobre país, pero si así es, me la como, ya ni modo. ¿Pero de que él me gana? Yo lo demandé”, señaló el panista en rueda de prensa.

El viernes pasado, la Tercera Sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que el exgobernador de Puebla no provocó daño moral a Lozano Alarcón, determinación que desde el pasado 5 de octubre dictó el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito 

La demanda de daño moral entre Lozano Alarcón y el petista se inició en la campaña federal de 2012, cuando ambos contendían por un espacio en el Senado.

Antes de la elección de junio de 2012, Bartlett Díaz declaró en debates radiofónicos locales que Lozano Alarcón era el peor secretario de Trabajo y Previsión que había tenido el país. Lo llamó “achichincle” del otrora presidente de México, Felipe Calderón,  además de recordar los escándalos generados en la administración federal por la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la tragedia que provocó la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta Conchos.

Tras las declaraciones del ex gobernador de Puebla, el panista promovió el 22 de junio de 2012 un juicio de responsabilidad civil por daño moral, y el 1 de octubre de 2013 el Juzgado Décimo de lo Civil de Puebla dictó la sentencia, en la que se estableció  que el petista tendría que pagar la reparación del daño moral que consistió en mil días de salario mínimo (61 mil 380 pesos) y a publicar en un medio informativo el dictamen.

El 23 de octubre de ese mismo año, el senador por el PT y su abogado, Carlos Meza Viveros, dieron a conocer que interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia que dictó la juez Sandra Lucía Perea Iturriaga.

Un año más tarde, los magistrados de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinaron que el senador del PT no incurrió en daño moral en contra del panista, al señalar que al ser figuras de proyección política su “umbral de tolerancia” no tiene límites. 

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