El panista Javier Lozano Alarcón tendrá que pagar al coordinador del PT en el Senado,  Manuel Bartlett Díaz, los costos generados por la demanda que interpuso por daño moral, acción que emprendió desde el año 2012, cuando ambos fueron candidatos a la Cámara Alta.

El viernes pasado, la Tercera Sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que el exgobernador de Puebla no provocó daño moral a Lozano Alarcón, según lo dictó inicialmente el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito.

Ante la determinación de la instancia judicial, el exsecretario del Trabajo evitó hacer declaraciones.

Este medio lo buscó vía telefónica y dejó un mensaje en su cuenta de Twitter (@JLozanoA), red social en la que se mantiene activo, sin embargo el panista no dio respuesta.

La demanda de daño moral entre Lozano Alarcón y el petista inició en la campaña federal de 2012, cuando ambos contendían por un espacio en el Senado.

Antes de la elección de junio de 2012, Bartlett Díaz declaró en debates radiofónicos locales que Lozano Alarcón era el peor secretario de Trabajo y Previsión que había tenido el país, lo llamó “achichincle” del otrora presidente de México, Felipe Calderón,  además recordar los escándalos generados en la administración federal por la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la tragedia que provocó la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta Conchos.

Tras las declaraciones del ex gobernador de Puebla, el panista promovió el 22 de junio de 2012 un juicio de responsabilidad civil por daño moral, y el 1 de octubre de 2013 el Juzgado Décimo de lo Civil de Puebla dictó la sentencia, en la que se estableció  que el petista tendría que pagar la reparación del daño moral que consistió en mil días de salario mínimo (61 mil 380 pesos) y publicar en un medio informativo el dictamen.

Sin embargo, el 23 de octubre de ese mismo año, el senador por el PT y su abogado, Carlos Meza Viveros, dieron a conocer que interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia que dictó la juez Sandra Lucía Perea Iturriaga.

Un año más tarde, los magistrados de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), determinaron que el senador del PT no incurrió en daño moral en contra del panista, al señalar que al ser figuras de proyección política, su “umbral de tolerancia” no tiene límites.

En aquella ocasión, Meza Viveros, defensor del exmandatario local, calculó que los costos generados por el juicio ascenderían a casi 10 millones de pesos.