Los más de 250 presos y perseguidos políticos en Puebla durante el sexenio a cargo del gobernador Rafael Moreno Valle serán llevados a la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU como parte del caso mexicano.

Marcelo Chalreo, consultor de la ONU y presidente de la comisión de derechos humanos de la Orden de los Abogados de Brasil aseguró entrevista al final del “Primer foro de evaluación ciudadana sobre derechos humanos y presos políticos en Puebla”, que podría ser en menos de año y medio cuando la sede en Ginebra siente los precedentes de la represión en el país.

Chalreo se dijo sorprendido del retroceso y la creciente cifra de personas procesadas luego de su reciente visita en febrero de este año al penal de San Miguel para encontrarse con el líder social Ruben Sarabia “Simitrio”, caso con el que inició su informe sobre los derechos civiles, laborales y politicos en la entidad para la secretaría general del organismo a fin de exhibirlos y publicitarlos internacionalmente.

“Veo una Puebla sin avance para los derechos humanos, más retrocesos y personas detenidas, pero mi verdadera sorpresa fue la revisión de los casos legales, la impunidad para violentar su situación legal incluso con amparos interpuestos. La justicia no es una, hay una lenta para los sectores populares y otra,  para los ciudadanos pertenecientes en cúpulas de poder”

A pesar de la drámatica situación, como la calificó, aseguró sentirse alentado por la solidaridad y voluntad ciudadana para enfrentar la problemática.

El inédito ejercicio ciudadano encabezado por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla reunió en el auditorio de la Facultad Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) a familiares y amigos de los presos politícos en la entidad.

El Comité que surgió hace ya más de un año con el objetivo de visibilizar la vulnerabilidad que viven aquellos que hoy día ven restringida su libertad por defender su territorio, trabajo, tradiciones y seguridad por la vida, actualizó el siniestra registro de 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse; sólo en este sexenio.

“Respecto del número de presos, ha de sumarse un caso más, un hombre nonagenario Delfino Flores Melga quien murió en prisión; en tanto, el procesado Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan falleció meses después de haber sido liberado, refiriendo sus familiares que las secuelas físicas y emocionales fueron un factor determinante en su deceso”, citó Carolina González Barranco, representante del Comité.

Esposas y familiares de los detenidos, amigos y abogados relataron en su turno el patrón fascista con el que fueron detenidos: sin órdenes de aprehensión, practicamente levantados, desaparecidos por horas sin ser presentados a un tribunal oficial y castigados con la fabricación de delitos por expresar su opsosición a las políticas estatales.

Al estrado pasaron los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de octubre”, de la organización Cholula Viva y Digna, cinco de los siete estudiantes de la UAP acusados de detonar bombas molotov en edificios públicos.

El abogado Raúl Rodrìguez representante de campesinos detenidos en Francisco Z Mena, mototaxistas, de Abraham Cordero, académicos cercanos a pobladores del norte del estado que enfrentan represión por oponerse a los llamados “proyectos de muerte”, así como el hermano de Jairo Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió un niño a manos de la policía cuando dispersaba una manifestación por la defensa de los Registros Civiles en las comunidades.

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Desfilaron los relatos de las acusaciones que han oscilado desde lo absurdo como es el robo de celulares, hasta cargos graves como la conspiración o el motín, por los que, los implicados pueden alcanzar hasta sesenta años de prisión.

Fueron señalados los recursos jurídicos se manejan a modo para fabricar o deshacer expedientes según convenga, incurriendo en un sinnúmero de violaciones al debido proceso, sin señalar la nula validez a sus derechos humanos.

Señalaron que en Puebla el gobierno del estado también ha mermado la seguridad económica, la estabilidad familiar, la salud física pues los perseguidos por el gobierno del estado han sufrido embates económicos, bien sea por resguardar su libertad lejos de sus hogares, los amparos o por el pago de las fianzas, que oscilan desde los 10 mil pesos hasta el medio millón de pesos, representando mayor vulnerabilidad a la economía de madres solteras, hombres y mujeres con trabajos temporales, y campesinos e indígenas.

El modelo represor y su prevalecencia

González refirió que a casi cinco años del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y a poco más de dos para que se realicen las elecciones del siguiente presidente de la República, en Puebla ha predominado una postura intolerante, insensible y lasciva hacia los ciudadanos que han manifestado oposición y/o crítica hacia las acciones impuestas por el mandatario estatal.

“Por tanto, si el hostigamiento y la violenta criminalización de la protesta social se presenta como solución, Rafael Moreno Valle deja claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de protesta individual o comunal no solo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, a cambio, caerá todo el peso de la “ley” para quien disienta y se manifieste”

El Comité también se pronunció por la designación de Rodríguez Almeida frente a la Secretaría de Seguridad Pública y lo calificó como un claro mensaje del recrudecimiento a la represión que seguiremos padeciendo.

El ejercicio ciudadano reunió mensajes para los presos políticos en cartulinas donde fueron expuestos su nombre y su causa de detención así como la problemática que defendía.

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Puebla, Puebla a 8 de noviembre de 2015

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General de E-Consulta

PRESENTE

Es falso que en Puebla existan presos políticos como se afirma en el contenido de la nota titulada “Presos de RMV serán visibilizados en Asamblea de la ONU”.

Le descarto  que existan más de 250 presos y perseguidos políticos durante el presente sexenio.

En la nota además en ningún apartado se señala quiénes son los más de 250 “presos políticos” que con ese carácter estiman.

En el Estado de Puebla únicamente quienes cometen actos que transgreden la Ley, son quienes deben responder por sus conductas.

De los nombres que se mencionan, la Procuraduría General de Justicia de Puebla reitera que se trata de personas que enfrentan o enfrentaron  procesos penales bajo la intervención del Poder Judicial, considerando elementos para comprobar la existencia de delitos y la probable responsabilidad de dichas personas en actos fuera de la Ley. En la mayoría de las circunstancias , el Juez Penal ha dictado auto de formal prisión.

En el caso concreto de Rubén Sarabia Santos alias "Simitrio", ha enfrentado procesos penales por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo de vehículo y delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Todos los expedientes han sido analizados y revisados a través de los medios de impugnación que los detenidos han propuesto, resultando las resoluciones adversas con lo que se confirma que las personas mencionadas están vinculadas con hechos fuera de la Ley, por lo que se descarta que se les pueda considerar en calificativos como “presos o perseguidos políticos”. Se trata de personas con cargos ante la comisión de diversos delitos.

Solicito atentamente que esta aclaración sea publicada en el mismo espacio en el que la nota en cuestión fue emitida con el fin de que sus lectores cuenten con la información correcta.

ATENTAMENTE

Mtra. Ma. Cristina Ortiz López

Enlace de Comunicación de la Procuraduría General de Justicia

y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla