El Juez Quinto de Distrito sobreseyó el amparo 763/2015 a favor de los siete estudiantes de la BUAP detenidos el 5 de junio, sin embargo su defensa interpuso un recurso de queja en el tribunal colegiado.

El sobreseimiento, que significa que no hay argumentos suficientes para amparar a los jóvenes, implicaría que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) puede presentar en cualquier momento nuevas pruebas para arrestarlos, aunque hayan pagado la garantía de más de 500 mil pesos que les requirió el juez federal.

Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalonafueron detenidos el 5 de junio de manera violenta por su presunta participación en el ataque a las oficinas del INE del 27 de marzo.

Horas después se les liberó con reservas de ley, lo cual significa que la PGJ los puede requerir en cualquier momento.

Los jóvenes tramitaron cuatro amparos para acceder a su averiguación previa y conocer si hay alguna orden de detención en su contra. Fue hasta el 30 de septiembre que se les concedió el último pero con una garantía de 77 mil 500 pesos por cada uno, en total 547 mil pesos.

No hay garantías

Durante un informe sobre la situación legal de los universitarios y en una entrevista posterior, la abogada Hokabeth Quiterio Plata explicó que no hay garantías para los siete, dado que se les acusa de un delito grave: daño en propiedad ajena con explosivos.

Quiterio Plata dijo que aún si cubren la garantía de 547 mil pesos, los siete universitarios tendrán que pasar su proceso en prisión en caso de que exista una orden de aprehensión en su contra, aunque  se garantiza que el caso sea llevado en los juzgados federales.

Por ese motivo la defensa sigue peleando para que se les conceda la suspensión provisional de cualquier orden de presentación o arresto, el presunto espionaje telefónico y el hostigamiento.

También para que se cumpla con el desahogo de las audiencias constitucionales, donde las autoridades tendrán que presentar sus pruebas, entre las cuales está una carta anónima acusándolos, una fotografía de Arafat en bicicleta y un video del ataque a las oficinas gubernamentales donde se ve a un hombre de espaldas en una bicicleta de otro modelo.

Respaldo de docentes

En el evento también estuvieron presentes los académicos Gustavo López Ángel, de Sociología, y Jaime Tepox Martínez, de Medicina, quienes respaldaron a los universitarios y alegaron que su persecución tiene tintes políticos.

López Ángel recordó que desde el año pasado existe represión contra los integrantes de la facultad, dado que el docente Ricardo Pérez Avilés fue perseguido por sus trabajos en la zona del volcán Popocatépetl y en relación al paso del gasoducto Morelos.

"Preocupan los vericuetos jurídicos que usa el gobierno como un instrumento y la parcialidad que hay en los casos", dijo el profesor.

A su vez Tepox Martínez mencionó que algunos de los detenidos fueron sus alumnos y pudo darse cuenta de su calidad humana, por ello dijo que es lamentable que se les persiga por defender los derechos humanos.

La mayor parte de los jóvenes forma parte del Comité para la libertad de los Presos Políticos y el cese a la Represión Social en Puebla.

También mostraron su solidaridad los integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

A mitad del evento se apersonaron miembros de la Liga Estudiantil Democrática (LED),quienes fueron desalojados del zócalo el pasado 8 de febrero y por lo cual la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla emitió una recomendación.

Hubo un momento de discusión entre los estudiantes, donde ambas partes se acusaron de no permitir el diálogo. Al final, el estudiante Fidel leyó un posicionamiento donde manifiesta su solidaridad con los siete detenidos y pide que se limen asperezas en el grupo.