Por oponerse a los negocios del secretario de Turismo de Oaxaca, usuarios de redes sociales iniciaron una campaña paraasesinar a los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández.

De acuerdo con una nota que publica el semanario Proceso, con la etiqueta #muerteatoledoyloenemigosdelCCCO se inició una campaña en contra de los pintores.

Sin embargo, los artistas plásticos advirtieron que nada de esto los amedrenta y que lucharán por la defensa del Cerro del Fortín en tribunales nacionales y ante instancias internacionales.

La revista Proceso asegura que en la cuenta de Twitter “el armaño ‏@chidisimo33” se denuesta a Toledo y Hernández.

En la nota firmada por el periodista Pedro Matías, se afirma que lo aludidos denunciaron que más de siete millones de pesos costó la consulta “ilegal, ilegítima y tramposa” del gobernador Gabino Cué para que su secretario de Turismo, José Zorrilla construya un Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en el Cerro del Fortín que beneficia el hotel Victoria, del que es accionista, dice el semario.

En una carta a la opinión pública, manifestaron que “nos preocupa sobre todo los signos ominosos de represión en el horizonte: el acoso de las autoridades a nuestros esfuerzos de información y la aparición de hashtag tan sugerentes como #muerteatoledoylosopositoresalCCCO”.

Insistieron en que Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) fue el que más perdió con el“fraude” anunciado, porque quedó deslegitimado para el proceso electoral que iniciará el próximo jueves 8.

Detallaron que el pasado domingo 4 se consumó un fraude larga y múltiplemente denunciado, donde “no hay sorpresa alguna en el resultado” que favoreció al negocio de los colaboradores de Gabino Cué, dice Proceso.

Lo que sorprendió es que a pesar del nivel de mapachería alcanzado en complicidad con el IEEPCO, el gobierno haya obtenido tan pobres resultados, donde menos de 10% del padrón nominal de esta capital acudió a votar.

“Si se suma la costosa campaña de los promotores del CCCO, la burda coacción y compra de votantes, la ausencia casi completa de garantías de equidad, se trata de una victoria pírrica del gobierno, que sin embargo nos habrá costado por lo menos 7 millones de pesos a los contribuyentes”, destaca la carta.

Remata: “Ya habíamos denunciado que la consulta era ilegal, ilegítima y tramposa, pero ahora nos preocupa que sus resultados vayan a usarse para justificar una obra tan cuestionada desde los puntos de vista ecológico, histórico y social, así como el descrédito del árbitro electoral frente al proceso que se avecina”.