El Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para analizar la situación de las comunidades afectadas por el gasoducto Morelos y la de los opositores perseguidos y presos por su posición.

Ello dará ánimo para seguir en la lucha contra el proyecto,  manifestó Alejandro Torres Xocolat, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Puebla Tlaxcala Morelos (FPDATPTM).

Este 24 de septiembre, la Cámara de Diputados votó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que solicita a laSecretaría de Gobernación (Segob) instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y las comunidades aledañas de Tochimilco, en Puebla, que se dicen afectadas por el paso del Gasoducto Tlaxcala-Morelos y demandan una consulta al respecto.

De igual forma, pide a la Segob que analice la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres, ciudadanos de San Lucas Tulcingo, ya que fueron perseguidos por reclamar la realización de consultas sobre dicha obra.

Se avivará movimiento

En entrevista telefónica, Torres Xocolat, sobre quien pesa una orden de aprehensión por oponerse al gasoducto Morelos, manifestó que los legisladores federales entrantes están tomando en cuenta la problemática en la zona y eso avivará la lucha.

"Creo que es un buen punto, porque pensamos que pueden salir cosas positivas para que la gente se motive y sigan defendiendo sus tierras, su territorio y, sobre todo, que cese la represión que tienen tanto el gobierno estatal como federal en contra de los que levantamos la voz", agregó el integrante del FPDATPTM.

Dos opositores más -Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís- fueron arrestados a principios de abril del año pasado por frenar el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar gas natural de Tlaxcala a Morelos pasando por once municipios poblanos.

Mientras que Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia y Adela Ramos Villalba, entre otros, son buscados por las autoridades por la supuesta privación ilegal de la libertad de dos trabajadores de la CFE y otros delitos.

Para Torres, las órdenes de detención contra diez integrantes del frente son una forma de meter miedo para que ya no se impida la ejecución del PIM.

Sin embargo los pobladores se siguen oponiendo al plan porque no sólo representa un peligro al estar en la zona naranja de riesgo volcánico, sino que también traerá la industrialización de la zona y la depredación de los recursos naturales.

El proyecto sigue

Torres Xocolat comentó además que a pesar de la oposición de los pobladores y de un amparo que hay en contra, el PIM se sigue construyendo, de tal suerte que sólo le faltan unas partes en Puebla y van por el tramo de Tlaxcala.

"Entonces, les están valiendo los acuerdos, principalmente los documentos que el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres) y el Cupreder (Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales) tienen al respecto", manifestó el activista vía telefónica.

A los habitantes de San Buenaventura Nealtican se les concedió la suspensión provisional del gasoducto Morelos gracias al amparo 151/2014, con lo cual no se podrían realizar obras en el municipio.

Sin embargo habitantes del lugar y el presidente del Centro de Derechos Humanos "Joel Arriaga Navarro", Fernando Cuéllar Muñoz, han denunciado reiteradamente que tanto la CFE como la constructora Bonatti utilizan la fuerza pública para ingresar a los terrenos y colocar la tubería además de que los ciudadanos son hostigados para que aprueben la ejecución del proyecto.

Por esa clase de anomalías, el mes pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos oficina México, Tom Haeck, recibió un expediente sobre la violación sistemática de garantías en Puebla, muchas de ellas generadas en torno al Proyecto Integral Morelos.