Al tiempo de dar a conocer que Puebla es la entidad con la mayor cantidad de “presos políticos” en el país, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana condenó el homicidio de Antonio Estaban Cruz por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica en Cuetzalan.

Asimismo, luego de la realización del Primer Encuentro Nacional del Comité de Organizaciones, Familiares y Amigos en Lucha por la Libertad, se criticó el hostigamiento contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua en la región Malinche, como la explosión de artefactos fuera de sus domicilios.

Asimismo, se enlistaron las órdenes de aprehensión relacionadas a los casos de la Plaza de las Siete Culturas en Cholula, San Miguel Canoa y la Sierra Norte de Puebla a integrantes del Consejo Tiyat Tlalli, y detenciones arbitrarias de activistas sociales, dan cuenta de un contexto de regresión democrática y de autoritarismo en el estado de Puebla que implica la violación sistemática a los derechos humanos.

“En otras regiones, acontecimientos como el asesinato de Noé Vázquez, el 6 de agosto de 2013 en Amatlán de los Reyes, la implementación de medidas cautelares por amenazas a integrantes de las organizaciones Un Salto de Vida, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Por un Veracruz Limpio y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, evidencian que la respuesta estatal frente a la organización y defensa de derechos ha sido la criminalización, las agresiones a las y los defensores de derechos humanos y la generación de condiciones de grave riesgo y falta de garantías para desempeñar su labor”.

Por ello, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría demandó al gobierno del Estado de Puebla a no emplear la fuerza pública contra movimientos sociales, privilegiar el diálogo y atención de las demandas ciudadanas y en caso de realizar un arresto, detención o traslado de individuos, se respeten los estándares internacionales y protocolos para que estas acciones arbitrarias y criminalización de la protesta no constituyan condiciones propicias para la desaparición forzada.