Puebla es ejemplo de violación al derecho humano a protestar y al derecho humano al agua, asevera la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

En la  agenda política titulada "Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva", la Red TDT resalta que el derecho a protestar y el derecho al agua se ven conculcados en Puebla por la llamada Ley Bala, aprobada en 2014, que permite el uso de la fuerza pública durante manifestaciones, y por la impedirse elacceso universal al servicio de agua.

En la creación de la agenda participaron  75 organizaciones  con presencia en 21 entidades federativas de México.

La agenda se ocupa de temas como Tierra y territorio; Violencia e inseguridad; Mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y políticas públicas; Movilidad humana como migración, refugio y desplazamiento, y Derecho a defender los derechos humanos y la criminalización de la protesta social.

Desigualdad de intereses

La Red TDT indica en la agenda que hay "un creciente abismo entre los intereses y ganancias de la clase política y, por otro lado, las necesidades y derechos de las personas, quienes no hemos asistido a la defensa de nuestros derechos por parte del Estado sino a su acotamiento y agresión".

Un ejemplo de las violaciones graves a derechos humanos por esta situación es el desalojo de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, ocurrido el 9 de julio de 2014, donde un menor de edad fue herido de muerte y otras cinco personas tuvieron lesiones graves.

Ese 9 de julio los policías estatales utilizaron armamento no letal para dispersar a manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco. Una de las latas de gas lacrimógeno perforó el cráneo de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien falleció diez días después.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 por el desalojo, aunque hasta la fecha, de los 11 puntos recomendatorios el gobierno estatal incumplió cinco: las disculpas públicas, las sanciones penales o administrativas a funcionarios involucrados, y la compensación económica de acuerdo a estándares internacionales, entre otras.

Acotan los derechos

La represión en Chalchihuapan derivó de la llamada “Ley Bala”, que permite a los policías el uso de “armas incapacitantes no letales” durante las manifestaciones.

Al respecto de la ley se menciona en la agenda "Los gobiernos hacen uso de las reformas legales para limitar o condenar las protestas, específicamente mediante el reforzamiento del uso de la fuerza a través la implementación de algunos protocolos de actuación de la policía o poniendo límites y condiciones a las formas de manifestación".

En ese sentido la Red TDT expone que mientras los gobiernos federal y estatales adoptan un "discurso de derechos humanos", así como generan instituciones para tratar el tema, sus políticas atienden más los intereses de libre comercio a las garantías individuales.

Falta acceso al agua

Otra de las cuestiones que se mencionan como pendientes en el estado de Puebla es garantizar el derecho universal al agua, esto debido a que para 2013 había en México 43 municipios que no contaban con el servicio, dos de ellos en la entidad.

La red indica que los otros 41 ayuntamientos sin agua están 34 en Oaxaca, seis en Veracruz y uno en Guanajuato.

Se menciona en la agenda que en las zonas más pobres del país, cuatro de cada diez viviendas no cuentan con agua entubada, una de cada cinco no cuentan con electricidad y siete de cada diez no cuentan con drenaje.

Sin embargo existe una tendencia creciente a privatizar o subrogar los servicios como salud, educación, agua y saneamiento, entre otros, cuando esto afecta a la población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad como son infancia, mujeres, personas de la tercera edad y poblaciones indígenas.

Hay varios pendientes

En el tema de defensa del territorio la  plantea Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos plantea que ante el modelo económico neoliberal que las comunidades, organizaciones y centros de derechos humanos buscan hacer una defensa integral de la tierra y el territorio.

Puesto que empresas nacionales y transnacionales, respaldadas por el gobierno, buscan apropiarse de los bienes naturales y energéticos de los pueblos y ciudades.

Aunque no se menciona en la agenda, en la Sierra Norte de Puebla se vive esta situación ya que el Centro de Análisis e Investigación Fundar indicó que en esa zona del estado hay seis proyectos hidroeléctricos, 188 pozos para la extracción de hidrocarburos y 103 títulos para la extracción minera que violentan a las comunidades indígenas.

Asimismo la red menciona que "los feminicidios, así como los crímenes de odio, se llevan a cabo a lo largo del país y van adquiriendo nuevas formas, siendo responsables los más diversos actores".

La semana pasada se dio a conocer la desaparición de Paulina Camargo, de 19 años de edad y cuatro meses de embarazo, y quien presuntamente fue asesinada por su novio al no querer abortar.

Pese a que aún no se encuentra el cuerpo de Paulina, pues habría sido arrojado a un contenedor de basura, y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) negó que se pueda considerar asesinato, en lo que va de este 2015 suman 30 casos de feminicidios, según el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).