La llegada de Jesús Rodríguez Almeida a la Secretaría de Seguridad Pública del estado representa un factor preocupante, pues “pone en evidencia el carácter de la administración estatal”, consideró Simón Hernández Léon, miembro del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

El abogado especializado en defensa de derechos humanos explicó que el nuevo funcionario estatal tiene un antecedente de persecución a manifestantes, a su paso por la SSP del Distrito Federal.

Este historial, sumado a que en Puebla se tiene vigente la llamada Ley Bala, que permite el uso de la fuerza pública contra manifestantes, “nos parece preocupante pues se estaría probando una nueva forma de enfrentar a la disidencia”.

Añadió que pareciera que el actual gobierno tiene “un perfil configurado” para recuperar a personajes con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Si bien se debería abogar por una política de seguridad pública más cercana a la ciudadanía y que defienda las garantías de los ciudadanos, se da todo lo contrario, lamentó el abogado, pues en el caso de Rodríguez Almeida en el DF se dio una caracterización negativa de los manifestantes, así como una presencia desmedida de policías en movilizaciones y detenciones arbitrarias.

Hernández León señaló que, de repetirse este escenario en Puebla, se podría vislumbrar un futuro negro en materia de derechos humanos en la entidad.