En tres años, la Cámara de Diputados utilizó discrecionalmente 3 mil millones de pesos y ayer los grupos parlamentarios de PRI y PAN ofrecieron terminar con la opacidad en el manejo del gasto y los ‘‘rubros ocultos’’, pero ese compromiso no se extenderá a suprimir beneficios como vales de despensa, aguinaldos, seguros médicos y fondo de ahorro, que completan la dieta (salario) de los legisladores.

La semana anterior, los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano anunciaron que renunciarán a los seguros y ayer el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, dijo que ‘‘hay que entrarle de frente y sin resistencia’’ al cambio de reglas en el manejo del dinero, pero también ‘‘quitar de en medio algunas expresiones que para mi gusto tienen un tufillo demagógico’’.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, durante las sucesivas presentaciones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó a los diputados de la opacidad en la entrega y reparto de las subvenciones y, como parte de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las bancadas se comprometieron a ventilar el uso de los fondos, pero le dejaron esa responsabilidad a la 63 Legislatura, que hoy da inicio a sus trabajos.

Así, los diputados se repartieron un promedio de mil millones de pesos anuales por subvenciones ordinarias y extraordinarias; estas últimas, según la ASF, perdieron ese carácter y se volvieron regulares. De esos fondos, por ejemplo, el Partido Verde destinó una parte a financiar sus espots en la campaña pasada.

Hasta ahora, el reparto del dinero depende únicamente de la voluntad de cada coordinador, que para comprobar el gasto sólo tiene que firmar una hoja. Los diputados reconocen que los coordinadores y sus administradores manejan las subvenciones sin vigilancia.

Ayer, en la presentación de un informe legislativo realizado por una consultora privada, Camacho Quiroz y el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, reconocieron que el Legislativo es el único de los tres poderes que exige transparencia al Ejecutivo y al Judicial, pero no la practica puertas adentro de sus recintos.

Sin embargo, el priísta consideró que los diputados que han renunciado a sólo dos de las prestaciones vinculadas al cargo de diputado, el seguro de vida y el de gastos médicos mayores, tienen por objeto ‘‘ganar prosélitos o simpatías. Parecen postular cuestiones valientes, cuando lo que hay que postular son cuestiones justas, no sólo legales, sino que den mayor legitimidad’’ al Poder Legislativo. Reconoció que mientras el Ejecutivo ha sido ‘‘desmembrado’’ para dar paso a los órganos autónomos, y el Judicial se reformó desde 1994, el Legislativo sólo ha admitido ‘‘remiendos’’.

El Congreso y sus integrantes son de los peor evaluados por la ciudadanía y ante ello Camacho expuso que se requiere de una ‘‘reingeniería en transparencia y rendición de cuentas’’, así como la operación de sus comisiones, el gobierno interior y la conducción de los grupos parlamentarios.

Cortés Mendoza anunció que su bancada solicitará auditorías a despachos externos y pedirá lo mismo de los otros grupos, porque el Congreso ‘‘recibe y asigna enormes cantidades de recursos de los que no informa ni hay claridad en su destino’’.

En ese escrutinio, alertó, ‘‘habrá algunas resistencias por parte de quienes se han conducido en la opacidad, aquellos que nos les conviene que se sepa en qué se gastan los cuantiosos recursos públicos que reciben. El Congreso no puede exigir a otros lo que no puede y quiere exigirse a sí mismo’’.

Ambos señalaron que si no han entrado en vigor para el Poder Legislativo las disposiciones de la Ley General de Transparencia, se debe a que todavía no se cumplen los plazos legales dispuestos en los artículos transitorios, que los ahora ex diputados modificaron de última hora para que no se les aplicaran a ellos.

‘‘Las obligaciones en cuanto a los recursos que se asignan a los legisladores son un pendiente. No hay cabida para que nos otorguemos plazos extraordinarios distintos al resto de los sujetos obligados’’, reconoció Cortés Mendoza.

Incumple Congreso en obligaciones de transparencia

El Congreso incumplió el plazo que él mismo se fijó para implementar las medidas de la nueva ley de transparencia y que implica informar sobre el manejo de recursos millonarios que recibe, acusó ayer Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados.

La Ley General de Transparencia, que entró en vigor en mayo, recordó, estableció el 30 de agosto como fecha límite para implementar las obligaciones de transparencia que deben adoptar los nuevos sujetos obligados, como lo es el Congreso y los grupos parlamentarios.

"La Legislatura saliente no cumplió con el plazo que se venció el día de ayer para hacer las adecuaciones y es un pendiente que tenemos que resolver en lo inmediato. Sin duda, creo que las fracciones aquí presentes tomaremos esto como una prioridad para que en lo inmediato se hagan las adecuaciones", dijo.

Según otra nota del diario Reforma, el diputado del PRD afirmó que en su consideración, antes de que termine septiembre ya deberían estar establecidas las nuevas reglas, pues no se pueden demorar más.

En el Senado, apenas se abordó ayer el tema, mientras que en la Cámara de Diputados el asunto fue tratado el 12 de agosto, aunque, en opinión de la oposición, no quiere decir que ya estén en funcionamiento.

Diputados de izquierda renuncian a gastos médicos

Los grupos parlamentarios del PRD y Movimiento Ciudadano secundaron la propuesta de Morena de renunciar al servicio médico de gastos mayores que ofrece la Cámara de diputados para sus legisladores; sin embargo, lo podrán hacer a partir de enero de 2016.

El diario 24 Horas documentó que este servicio ya fue contratado por la anterior legislatura con primas que cubren daños y asistencia médica hasta concluir el último día de este año.

De prosperar la propuesta, la Cámara de Diputados podría ahorrarse unos 133 millones de pesos en servicios particulares, ya que los grupos parlamentarios han asegurado que se someterán al servicio que ofrece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A partir de hoy habrá mil legisladores en la Cámara de Diputados con seguro médico, ya que las firmas contratadas para brindar el servicio mantendrán su cobertura hasta el último minuto de este 2015.

Durante los tres años de la legislatura que concluyó ayer se destinaron del erario un total de 266 millones 178 mil 812 pesos por año por este concepto, cuyo beneficio se extiende a legisladores y familiares.

Para este 2015, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados comprometió una bolsa que supera los 151.3 millones pesos para liquidar sólo las pólizas de “seguro de vida para diputados” y “seguro colectivo de gastos médicos mayores” entre junio y diciembre.

Dichas coberturas, según expresan las clausulas, están abiertas para cubrir cualquier evento por pérdida de la vida o la atención médica de los 500 diputados federales y sus familiares –padres, hijos y esposas– hasta el 31 de diciembre de este año.

Disponen de recursos millonarios

La Cámara de Diputados dispuso más de 3.6 mil millones de pesos como “apoyo” para las labores de los 500 legisladores federales de todas las fracciones parlamentarias.

Un recuento realizado por el diario 24 Horas da cuenta que en estos 3 años de actividad parlamentaria el PRI dispuso de una suma de 1,396 millones de pesos, para repartir entre sus 213 legisladores federales.

Mientras que el PAN recibió 783 millones de pesos para disponer entre sus 114 diputados federales; el PRD recibió 782 millones de pesos para sus 101 diputados; 230 millones de pesos para el grupo del PVEM que contó con 28 legisladores; 175 millones para MC quien sostuvo a 20 parlamentarios.

El Partido del Trabajo recibió 137 millones de pesos para repartir entre sus 15 diputados federales; mientras que el Partido Nueva Alianza obtuvo una bolsa de 104 millones de pesos que repartió entre sus 10 legisladores.

El grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logró obtener 16 millones de pesos a partir de enero de 2015.