El senador del Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett Díaz pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue “las conductas del gobernador del estado de Puebla (Rafael Moreno Valle Rosas), a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, proscribir la represión de los movimientos sociales en ese estado, e impedir que se criminalicen los actos de protesta de los ciudadanos”.

A través de un punto de acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta de la Comisión Permanente, el coordinador de los senadores petistas recordó que el estado de Puebla “es la entidad federativa que ocupa el primer lugar en reprimir movimientos sociales y en criminalizar los actos de protesta de los ciudadanos”.

Aseguró que de los 500 presos y perseguidos políticos en México, 241 pertenecen a Puebla. Esos 241 poblanos han sido encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, señala en el documento.

Bartlett dijo que más de 40 asociaciones civiles en el estado y a nivel nacional han demandado que no se persiga ni encarcele a las personas por defender el medio ambiente, el patrimonio histórico o, su derecho al trabajo.

“También han exigido que no se procese penalmente a los ciudadanos por rechazarmegaproyectos que despojan a las comunidades de los recursos naturales de los que disfrutan. Las organizaciones civiles del estado de Puebla le reclaman al gobernador que no los prive del servicio de registro civil que ejercen las juntas auxiliares.

“Los hechos son tan graves –agregó–, que mujeres como Juana Macuitl Cóyotl y su hija, fueron juzgadas por exigir que el pago en el transporte público se realizara en efectivo y no con tarjetas de prepago. Las autoridades ministeriales les fabricaron el delito de portación de armas de fuego y, para obtener su libertad tuvieron que pagar una fianza de 480 mil pesos, lo que las ha dejado endeudadas de por vida”.

El ex gobernador de Puebla acusó al gobernador de utilizar “el orden jurídico en contra de los débiles y de las personas que exigen el respeto a sus derechos fundamentales”.

“Se trata del empleo del sistema jurídico de forma clasista para favorecer a los intereses económicos que en ese Estado obtienen el favor del gobernador, sin que importe el derecho de los oprimidos”.

Citó que los artículos 6 y 9 de la Constitución garantizan los derechos fundamentales a la libertad de expresión y manifestación. El artículo 9 de nuestro ordenamiento constitucional ordena que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”.