Tras darse a conocer por el Coneval que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza, luego que 64% de sus habitantes viven en esas condiciones, el Consejo de Organismos Empresariales (COE) demandó que el Gobierno del estado replantee sus políticas en cuanto a desarrollo social se refiere.

Y es que mientras a nivel nacional se estima que 46.2% de los mexicanos viven en pobreza, en Puebla esa cifra se ubica en 64%, de ahí que “el dinero que se invierte por el Estado debe buscar el beneficio social y no mantenerse en la tentación de dedicarse a promover la imagen del gobernante en aras de buscar la Presidencia de la República”.

Lo que se requiere en la entidad, dio a conocer el organismo empresarial, es que se establezca una política presupuestaria humanitaria, que se preocupe y ocupe de las familias, de los campesinos, del trabajador, del estudiante y del marginado.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), la población en pobreza en Puebla creció 2.08%en dos años para sumar en 2014 un total de más de 3 millones 958 mil afectados, lo que representa más del 7% del total nacional.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y Tlaxcala son los estados con mayor porcentaje del total de su población en pobreza, lo cual obliga a revisar los efectos de las políticas de asistencia social y el impacto que tuvieron los impuestos en diversos alimentos de alto consumo calórico y que afectó el nivel de vida de la población, así como otras reformas fiscales que impactaron a los paquetes de prestaciones laborales.

Para el organismo empresarial, “si bien una buena noticia es que disminuyó la población en pobreza extrema entre 2012 y 2014, lo que refleja que las políticas de gobierno se centraron en el decil de la población con menores ingresos, el hecho es que se necesitan replantear políticas en temas como educación y salud”.

Ante este panorama, se indicó, los diputados federales de las distintas fracciones de los partidos políticos que estarán en la Cámara Baja, como los correspondientes a los legisladores locales en el Congreso del Estado, deberán realizar un presupuesto de egresos base cero y etiquetar proyectos que permitan mayor efectividad en el combate a la pobreza y eficiencia en el ejercicio presupuestal, además de transparencia.