El gobierno del estado de Puebla incumplió con las sanciones administrativas y penales a funcionarios públicos, la reparación del daño a las víctimas y las disculpas públicas a los afectados por el desalojo violento de manifestantes el 9 de julio del año pasado, motivo por el cual falleció un menor de edad.

Así lo asentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de un comunicado en el cual señala que de los once puntos de la recomendación 2VG/2014, la administración estatal sólo cumplió con seis puntos y quedan pendientes cinco más.

El 11 de septiembre del año pasado la CNDH emitió la recomendación por el desalojo violento de manifestantes que cerraron la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio, en protesta por la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quitó atribuciones a las juntas auxiliares, como los registros civiles, los ministerios públicos adjuntos y los jueces de paz.

Durante el operativo policiaco resultó herido de muerte el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció diez días después.

Mientras otros cinco pobladores resultaron con lesiones graves: uno casi pierde el ojo izquierdo, otro fue herido en la mandíbula y no pudo hablar por meses, uno más se quedó sin dos dedos, un joven fue herido en la cabeza y el último quedó con un boquete en el costado.

Piden cumplimiento al gobierno

"Esta Comisión Nacional reitera su llamado a que el Gobierno del Estado de Puebla cumpla la Recomendación 2VG en su totalidad e insiste en que no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios", aseguró el comunicado.

Los puntos que están pendientes son las sanciones administrativas y penales definitivas a los servidores públicos involucrados; así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos de indemnización asignados a las víctimas.

Además la CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento. Cabe señalar que los habitantes fueron convocados apenas con dos horas de anticipación y ninguno de ellos se presentó.

De acuerdo a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido recogida en México por la Ley General de Víctimas, la reparación del daño consiste en investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos.

Además de las "medidas de satisfacción", que pueden ser unas disculpas públicas, difusión de las sentencias y recomendaciones en medios impresos o sitios web, así como becas para las víctimas, apoyos para una vivienda o proyecto productivo.

También se tienen que contemplar medidas de rehabilitación, es decir, atención médica y psicológica vitalicia, aparte de las medidas de no repetición, como son cursos o legislación para que no se repitan las violaciones.

Cabe señalar que los policías detenidos en principio bajo cargos de homicidio del menor fueron liberados en diciembre pasado, una vez que el poder judicial reclasificó la gravedad del delito y permitió su salida bajo caución.

Gobierno asegura que cumplirá

Los puntos que sí se cumplieron son: los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado que participó en los hechos.

Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y el Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos.

De igual forma se entregaron equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza.

Por su parte la Procuraduría General de Justicia (PGJ) emitió por la tarde un posicionamiento donde indica, en contraste, que durante una reunión que tuvo el gobierno estatal con la CNDH "quedó de manifiesto el avance en el cumplimiento de la mayoría de los puntos, y se estableció el compromiso para que en las próximas semanas se realicen las diligencias necesarias para  solventar dicha recomendación en su totalidad".

En este encuentro participaron el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet; el titular de la Secretaría de la Contraloría, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz  y el Fiscal Especializado para el esclarecimiento de los hechos del caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo.

CNDH recibe a Elia Tamayo

El Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, recibió este miércoles a Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto, para ratificar que "continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento".

La señora Tamayo -de acuerdo con la CNDH- expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso.

En reiteradas ocasiones Elia Tamayo ha exigido justicia por la muerte de su hijo, incluso cuestionó esta semana que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas diga que ya hizo justicia, “pero ¿qué justicia ha hecho? Aquí llevamos un año y seguimos igual”.

Emitirá la CNDH medidas cautelares

La Comisión Nacional también emitirá medidas cautelares al gobierno del estado de Puebla, para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.

Cabe recordar que el pasado 18 de octubre cinco pobladores -Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García- fueron detenidos por participar supuestamente en los hechos del 9 de julio. También el 21 de noviembre el edil de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, fue arrestado.

De los seis chalchihuapenses tres siguen en prisión; mientras que los policías Francisco López Domínguez y Juan Máximo Jiménez, responsables directos de la muerte del menor, salieron de prisión el 24 de diciembre a las 2:00 horas gracias a que la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia cambió la tipificación del delito de homicidio doloso a imprudencial.

Este día las diputadas federales Roxana Luna y Graciela Saldaña solicitaron por su parte a la CNDH medidas cautelares por persecución política de los gobernadores de Puebla y Quintana Roo, toda vez que está por concluir su fuero y advierten que serán perseguidas debido a la crítica que mantuvieron hacia las administraciones estatales.

Calla RMV ante conclusión de la CNDH

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, evitó responder sobre el incumplimiento de 5 de los 11 puntos recomendatorios por el desalojo violento del 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, según acusó este miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La negativa del titular del ejecutivo estatal ocurrió al término de la entrega de Créditos de Inclusión Financiera de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que tuvo como sede el municipio de Tepeaca, y a la que asistió la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

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