El gobierno del estado presiona a Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de Chalchihuapan, para que las organizaciones sociales no marchen el próximo 9 de julio por el aniversario del desalojo violento de manifestantes y donde resultó herido de muerte un menor de edad, así lo dio a conocer la madre del edil, Araceli Bautista Gutiérrez.

Ante esta situación Ana Teresa Aranda Orozco, integrante del Frente Puebla Libre, solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga para garantizar que los presos políticos en el estado no sean agredidos.

Presionan a Javier Montes en el penal

En una carta enviada a este medio de comunicación, Araceli Bautista asegura que su hijo recibe "enormes presiones" del gobierno del estado para que se cancele la marcha del 9 de julio.

"En repetidas ocasiones he recibido llamadas telefónicas de mi hijo insistiendo en que no hagamos nada, porque de efectuar los actos que hemos anunciado él tendrá consecuencias graves", refirió en la misiva.

La también integrante de Puebla Libre dijo que incluso el gobierno estatal busca que Javier Montes se deslinde de las actividades que se tienen programadas para el 9 de julio, así como que desconozca a las organizaciones y personajes que participarán en ellas.

Montes Bautista fue arrestado el 21 de noviembre del año pasado por los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación, esto tras la gresca del 9 de julio por el desalojo violento de habitantes de su comunidad.

Hostigamiento genera crisis de salud

El hostigamiento del gobierno de Puebla generó, además, que el edil de San Bernardino Chalchihuapan tuviera varias crisis de salud, debido a que padece de presión arterial elevada.

Ante esta situación Bautista Gutiérrez responsabilizó al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por la integridad física y emocional de su hijo, pues las acciones no se suspenderán.

La semana pasada el Frente Puebla Libre  anunció que el jueves 9 de julio hará una marcha del sitio donde fueron reprimidos los manifestantes y el lugar donde el niño José Luis fue herido de muerte hasta el Centro Integral de Servicios (CIS), en Angelópolis.

Luego colocarán una ofrenda floral en el Parque de la Niñez, junto al Hospital del Niño Poblano, el cual renombrarán como Hospital José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Cabe recordar que el 9 de julio del año pasado pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan, fueron reprimidos por la policía estatal cuando protestaban contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal.

En la gresca José Luis, de 13 años de edad, recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza y por la herida murió diez días después; mientras que otro poblador perdió el ojo, uno más los dedos y otro fue lesionado en la mandíbula.

Presos políticos necesitan garantías

Después de visitar al edil de La Resurrección y a los integrantes de la familia Xicale en el penal de San Pedro Cholula, Ana Teresa Aranda comentó que tiene conocimiento de las presiones contra Javier Montes para que suspenda la marcha del 9 de julio.

"Existe una enorme represión contra las personas que están privadas de su libertad, no solamente los han privado injustamente de su libertad hoy se les está presionando  y obligados a retirarse de la lucha", agregó la panista.

Ante esta situación la CNDH está obligada -dijo la ex funcionaria federal- a garantizar que las condiciones de arresto de los presos políticos sean en total apego a sus derechos humanos.

Aranda Orozco comentó que los presos de conciencia en Puebla no sólo sufren hostigamiento dentro de las cárceles, sino que también viven en condiciones de hacinamiento y la falta de atención médica.

Cabe recordar que Puebla Libre denunció el 18 de junio que Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, y su hijo Rubén Sarabia Reyna, no han sido valorados por un médico internista en el penal de San Miguel a pesar de que el primero tiene diabetes y el segundo perdió la audición.