Por presunta dilación de la justicia y casos de favoritismo, el juez sexto de lo familiar, Julio Vargas Domínguez, es denunciado por una fuente que por su seguridad pidió la reserva y que mostró documentos.

Hay casos en lo que la justicia no ha convencido a las partes involucradas, quienes señalan al juez por imparcialidad de la justicia y daño a terceros.

Entre los casos por los que se acusa al juez se encuentran los relacionados con divorcios y de presunta falsificación de documentos, sin que hasta el momento se tenga conocimiento del avance de los procesos judiciales.

Uno de ellos es la denuncia de divorcio radicada en el expediente 820/12, interpuesto por María Tatiana Sánchez Limón, así como el 430/2012 por guarda y custodia, derivado del mismo.

En su momento la parte denunciante acusó favoritismo toda vez que su ex pareja, Carlos Alberto Nava Sánchez, se desempeñaba como defensor público federal.

En este caso, publicado en diciembre pasado por el El Sol de Puebla, el juez sexto de lo familiar del Tribunal superior de Justicia ordenó la custodia de uno de los menores a favor del litigante de oficio, pese a que el menor de 13 años prefería quedarse con su madre.

Derivado de otras presuntas irregularidades cometidas en el mismo juzgado, fue iniciado el expediente 1303/2011 en el cual se le acusa de entorpecer la acción de la justicia o por haber actuado con lentitud y parcialidad en favor de una de las partes.

Se solicitó una entrevista con el Juez Sexto de lo Familiar, para conocer su versión en relación a las acusaciones que han sido ventiladas en medios locales, ésta no fue posible debido a que "una de las políticas del Poder Judicial es no juzgar los casos a través de los medios".

Al respecto, el área de prensa del Tribunal Superior de Justicia explicó que el caso 820/12 continúa en proceso ante una sala judicial, mientras que el 430/2012 fue ordenada por un juez de distrito a nivel federal, por lo que deslindó al juez de las acusaciones.

Explicó que la señora Sánchez Limón ha interpuesto una serie de amparos, pero todos le han sido negados por la justicia federal, por lo que actualmente las partes tienen encuentros mediados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).