Al menos 400 de los más de mil 300 burócratas despedidos en el transcurso del año, presentaron demandas laborales en contra del gobierno del estado, sin embargo este lunes acusaron que de manera intencional se retrasa el desahogo de sus procesos, por lo que exigieron a la administración estatal que actué de manera imparcial.

A la fecha las bajas laborales en el gobierno estatal continúan, particularmente, de personas sindicalizadas, incluso en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) ya sólo labora personal contratado por honorarios, refirió Marco Antonio Ramírez Manzano, vocero de los afectados.

La mañana de este lunes, un centenar de afectados se manifestó en la sede del Tribunal de Arbitraje, ubicado en la colonia Azcárate, para exigir a este organismo imparcialidad en el desahogo de los juicios laborales de los burócratas despedidos.

En entrevista, Ramírez explicó que las 400 demandas corresponden a personal que fue dado de baja durante la segunda quincena de marzo, y que estas se interpusieron el pasado 16 de abril, sin embargo a mes y medio de distancia, el Tribunal aún no emplaza a las dependencias estatales involucradas, situación que consideran como una práctica dilatoria para no resolver su situación.

Sobre su situación personal, expuso que fue el pasado 22 de octubre cuando presentó una demanda laboral por despido injustificado, ya que fue dado de baja cuando intentaba participar en el proceso de renovación del sindicato de Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), realizado en ese mismo año, no obstante a la fecha su juicio no ha sido finiquitado.

Gobierno lucra con la necesidad de los desempleados

El vocero de los afectados dio a conocer que al menos unos 150 despedidos fueron amenazados por personal de las dependencias de las que fueron dados de baja, para que firmaran sus renuncias a cambio de recibir finiquitos ínfimos.

Por ejemplo, dijo Ramírez, a una persona que tenía más de 30 años de servicio le pagaron 12 días como prima de antigüedad, lo que equivalió a mil 400 pesos por cada año, más un bono de 25 mil pesos, que sumado a otros conceptos arrojó cantidades de entre 30 y 40 mil pesos. 

A quienes no tenían derecho a jubilarse por años de servicio, les fue otorgada una indemnización de entre cinco o seis mil pesos, situación que dijo, es la forma en la que el gobierno del estado lucra con la necesidad económica de los despedidos.

Retiraron a desempleados becas escolares

Por otra parte, el representante de los afectados denunció que la administración estatal retiró becas escolares a los hijos de los burócratas despedidos. Detalló que de cada 10 empleados afectados, al menos tres contaban con esa prestación.

A lo anterior debe sumarse que quienes padecen algún padecimiento crónico, tampoco pudieron seguir su tratamiento médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) a causa de la baja laboral.

Dependencias se quedan sin sindicalizados

En este contexto, el vocero del movimiento aseguró que los despidos en la administración estatal continúan, pues incluso dependencias como la Secotrade ya no cuenta con personal sindicalizado, sino sólo contratado por honorarios.

Indicó que los empleados adheridos a su gremio sindical que aún continúan laborando, es porque cuentan con relaciones de amistad con los directivos de las dependencias.

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