La construcción de hidroeléctricas, minas y cinco corredores industriales que descargan sus aguas residuales en el Río Atoyac, forman parte de las violaciones a los derechos humanos para el acceso al agua que se padecen Puebla.

Así se señala en el Informe sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento que elaboró el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) y que fue entregado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que analice el tema.

Según el reporte, basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el país existen 21 cuencas clasificadas desde 2009 como fuertemente contaminadas en algún indicador, en dos de o más de ellos.

En el país existen 653 cuerpos de agua, de los cuales 101 están sobreexplotados, de tal manera que esta reserva disminuye 6 kilómetros cúbicos por año. Adicionalmente, existen más de 4 mil 462 presas, de las que 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacenamiento.

Aquejan a Puebla, minas, hidroeléctricas y descargas

El informe identificó conflictos en el aprovechamiento del agua en Puebla, en los municipios de Tetela de Ocampo, Olintla, Ixtacamaxtitlán y Zautla, por la construcción de hidroeléctricas y minas, pues estas consumen grandes cantidades de líquido y ponen en riesgo este recurso, por lo que han generado rechazo entre la población.

En Tetela se proyecta la construcción de la mina “Espejeras” propiedad del empresario Carlos Slim Helú. En 2013 el Grupo México pretendía construir una hidroeléctrica en Olintla, pero la población lo evitó.

En cambio, en el municipio de Ixcamaxtitlán se encuentra la minera canadiense Almaden Minerals, que realiza explotación a cielo abierto para ubicar oro y plata, no obstante la población del lugar realiza manifestaciones constantes en contra de esta empresa.

Cinco corredores industriales descargan en el Atoyac

El informe refiere que cinco corredores industriales descargan sus aguas residuales sin tratamiento a la cuenta del Río Atoyac, que abarca a los estados de Puebla y Tlaxcala.

Lo anterior ha derivado en el surgimiento de enfermedades degenerativas en niños y adultos.

De igual manera, el reporte indica que se ha identificado que los órganos públicos de vigilancia realizan pocas inspecciones respecto a las descargas residuales en el afluente, y cuando lo hacen y encuentran incumplimientos, instauran procedimientos administrativos para imponer sólo una sanción económica, que “no representa una medida efectiva para disminuir la contaminación en los ríos ni una verdadera sanción” –cita el documento–.

El reporte se anexará al próximo informe sobre violaciones comunes de los derechos humanos del agua que la Relatora Especial, Catarina de Albuquerque, presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.