Para establecer la obligación de los agentes del Ministerio Público (MP) y de la institución en general de investigar, con perspectiva de género, los delitos en contra de las mujeres, así como de solicitar la reparación del daño, la senadora poblana del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lucero Saldaña Pérez propuso reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En su iniciativa, de comprobarse que al recibir denuncias o querellas por delitos que impliquen violencia contras las mujeres, “el MP deberá investigar con perspectiva de género, de no hacerlo será causa de responsabilidad grave”.

Los servidores públicos que no investiguen bajo esa premisa, consideró la legisladora poblana, incurrirán en una responsabilidad administrativa, penal o remoción del cargo.

La senadora poblana detalló que para que la reparación integral del daño se tiene que tomar en cuenta la situación de discriminación estructural o sistemática en la que se dan los hechos de violencia, ya que además de las razones de género, afectan la vigencia y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

María Lucero Saldaña Pérez mencionó que según datos del 2011 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 62.7 por ciento de mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna agresión.

Además, existe una alta prevalencia de violencia emocional, física y sexual en lo familiar, ya que un 42.4 por ciento sufrió agresiones emocionales o psicológicas, 24.5 fue víctima de violencia económica, 13.5 por ciento sufrió alguna agresión física y el 7.3 por ciento de las féminas sufrió violencia sexual.

Sin embargo, acotó la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, los elevados índices de violencia y de denuncias por dichas causas, que asciende a 15 mil al año, no corresponde a las averiguaciones previas que concluyan con la detención del culpable o con una sentencia condenatoria.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.