La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tenía conocimiento de los 20 animales que están en el rancho de la familia del presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, por lo que el caso fue turnado para su análisis a las oficinas centrales, se confirmó extraoficialmente. 

Fue a través de la difusión de la información sobre el edil, que el organismo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo conocimiento de la situación, aceptó la fuente .

De esa manera comenzó la investigación por lo que en breve podrían presentarse detalles sobre el estado en el que se encuentran las especies y su estatus legal.

Según el munícipe de Chalchicomula de Sesma, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los animales le fueron entregados por varios circos, incluidos el Atayde, por lo que la Semarnat sabe de ello, aunque no ha realizado ninguna visita de inspección a la propiedad donde se encuentran resguardados.

Aseguró que incluso las empresas circenses le pagaron para que los ejemplares, entre los que se encuentran una pareja de leones, un tigre blanco, un dromedario y una cebra, fueran alojados en el rancho Dolores, ubicado en el municipio de en San Juan Atenco.

Profepa suspendió zoológico de diputado

Recientemente la Profepa comenzó un proceso legal contra Sergio Gómez Olivier, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), quien es dueño delzoo El Club de los Animalitos en Tehuacán. 

El pasado lunes 23 de febrero, la procuraduría anunció el aseguramiento de 101 animales del zoológico ya que vivían en condiciones de hacinamiento.

Entonces informó que se verificaron 240 ejemplares, de los que se aseguraron 92 por faltas graves al trato digno y respetuoso, y 9 porque no se acreditó su procedencia legal.

Tras una serie de procesos, en los que el legislador local buscó hacer retroceder la medida, finalmente concluyó en que deberá trasladar en mayo a los 101 animales a un albergue. Mientras, El Club de los Animalitos tiene una suspensión de dos años. 

Asimismo, deberá levantar un nuevo parque en el que se garantice que tendrán mayor espacio y libertad.