Tras el despido por goteo de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los inconformes preparan una movilización en los próximos días para exigir al gobierno del estado que sean liquidados conforme a lo establece la ley.

Así lo anunció Paulina Azpiazu Peña, una ex policía de Seguridad Vial del Estado, quien junto con 29 compañeros fue cesada hace unos días presuntamente por no aprobar los exámenes de control de confianza, motivo por el cual -aseguró- va a emprender un juicio legal y recurrirá a las instancias que sean necesarias hasta lograr una justa indemnización.

Explicó que, el pasado miércoles, las autoridades de la SSP les notificaron a 30 elementos sobre su cese y les entregaron un oficio que indicaba que no eran aptos para continuar laborando, toda vez que habían reprobado la evaluación de control de confianza.

Azpiazu Peña -que tiene nueve años trabajando en la institución- relató que intentó explicarle al personal de Recursos Humanos que ella no concluyó el examen, ya que se encontraba incapacitada por problemas de salud, inclusive le mostró unos documentos del hospital y le recordó que días antes le solicitó que le reprogramaran la fecha para aplicar la prueba, pues la iban a operar.

No obstante, le entregaron su oficio y le dijeron que le hiciera como quisiera, que aunque iniciara un juicio legal no podría ganarle al gobernador Rafael Moreno Valle.

Sólo le ofrecieron 2 mil 500 pesos

Paulina, quien es abogada en Derecho y tiene una maestría en Derecho Corporativo, acudió a la Secretaría de Finanzas para saber cuánto le ofrecían de liquidación y le respondieron que sólo podían pagarle 2 mil 500 pesos de aguinaldo, que podía cobrar hasta diciembre, pues no tenía derecho a cobrar su prima de antigüedad hasta que cumpliera 14 años, seis meses y un año trabajando en la SSP.

La ex policía comentó que se encuentra en una difícil situación económica, ya que, además de estar bajo tratamiento médico, tiene un bebé de seis meses de nacido, a lo cual se suma el hecho de que su esposo, quien laboraba como agente vial desde hace 19 años, también fue uno de los 400 despedidos en septiembre de 2014, bajo el mismo argumento.

Actualmente, éste se encuentra congelado con varios compañeros en la Academia de la Policía Estatal y, pese a que estaban cobrando su sueldo, apenas la quincena pasada les dejaron de pagar.

Paulina refirió que probablemente la SSP  se está basando en los resultados del último examen de control de confianza que ella hizo en 2011; sin embargo, éste lo aprobó porque continuó trabajando. De ser lo contrario, dijo, la hubieran llamado inmediatamente para que aplicara otra vez la evaluación.

Aseguró que no pedirá su reinstalación, sino que la indemnicen conforme a derecho o le ofrezcan una renuncia voluntaria, para que de esta manera no exista un precedente en su expediente y así pueda encontrar fácilmente un empleo.

"Yo sé que el gobierno del estado necesita recursos, pero no se vale que nos manchen de esta manera nuestro expediente. Que me diga ahora el gobernador, ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿De qué va a comer mi hijo?", manifestó.

La inconforme anunció que para los siguientes días iniciará un movimiento junto con sus compañeros para exigir el pago de sus prestaciones, por lo que invitó a los servidores públicos de otras dependencias estatales, que se vieron afectados por el despido masivo injustificado, a que se sumen a las protestas.

Cabe mencionar que Paulina Azpiazu responsabilizó al gobierno del estado por lo que pueda sucederle a ella y a su familia.