El gobierno de Puebla transfirió recursos por 90.9 millones de pesos que la federación le otorgó en 2013 para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, a cuentas bancarias ajenas a este programa, por lo que no fue posible acreditar el destino de estos recursos.

Así lo establece el informe de la revisión a la cuenta pública 2013 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo público el pasado miércoles y que entregó a la Cámara de Diputados.

Por esa presunta anomalía, el máximo órgano fiscalizador del país inició una promoción de responsabilidad administrativa sancionadora ante la administración poblana, a fin de que ésta inicie una investigación sobre el tema.

De acuerdo con el informe de la ASF, en 2013 el gobierno federal transfirió a Puebla recursos por 90 millones 970 mil 700 pesos para el rubro de “fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”, cantidad que fue transferida a cuentas bancarias que no fueron creadas expresamente para administrar este presupuesto.

Lo anterior provocó que la Auditoría no pudiera acreditar la aplicación y el destino de ese monto, además tampoco pudo verificar los rendimientos financieros que este generó.

Los recursos fueron asignados a través de tres diferentes ministraciones: la primera se realizó por un monto de 36 millones 388 mil 300 pesos, mientras que las otras dos ascendieron a 27 millones 291 mil pesos, cada una.

No obstante, el gobierno del estado reportó que del total de recursos recibidos, 64.7 millones de pesos fueron devengados, 18.4 reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y están pendientes por aclarar 7.7 millones.

Por lo anterior, la ASF emitió una recomendación a la administración poblana, a fin de que implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos.

Los reportes deben contener el acta de cierre, con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos, el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 devengados”, los rendimientos financieros, y la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la administración de los recursos.