Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) inició obras y acciones con atrasos de entre 113 y 119 días naturales con relación a la fecha de aprobación de recursos, sin acreditar que se obtuvo la autorización para ello.

La dependencia también comprometió recursos mediante contrataciones por 445 millones 403 mil pesos, cifra superior a los 120 millones 582 mil pesos autorizados por el Comité Técnico del Fonden para atender acciones en el estado de Guerrero.

"Asimismo, no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos, de los cuales al 30 de septiembre de 2014, reportó avances en promedio del 53.1%, ni comprobó la formalización de las modificaciones a los contratos o la aplicación de las penalizaciones correspondientes".

 "Tampoco, se acreditó que las viviendas fueron entregadas por parte del contratista a la dependencia, en la fecha estipulada en el contrato. También, en dos contratos no se proporcionó evidencia de la fianza de garantía del anticipo ni de la totalidad de los documentos relativos a la contratación", detalla el informa de la ASF.

Finalmente, la SCT no acreditó que un contratista diera cumplimiento al plazo de ejecución de la obra o, en su caso, que se formalizó la modificación al contrato respectivo; falta de documentación en los expedientes de los contratos de obra.

La SCT también comprometió recursos mediante contrataciones por 3 mil 626 millones de pesos, cifra superior a los mil 769 millones de pesos, autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden para atender acciones.

¿Qué es el FONDEN?

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Con este instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.