Un expediente contra el presidente de la CDHE, Adolfo López Badillo, presentará el Centro de Promoción y Defensa de los Derecho Humanos Joel Arriaga Navarro, a fin de que sea investigado por la comisión nacional debido a sus omisiones en casos graves de violaciones a las garantías individuales, como el desalojo violento en Chalchihuapan, los presos políticos y la construcción del gasoducto Morelos.

El representante del organismo, Fernando Cuéllar Muñoz, indicó que si bien Badillo sostuvo que no hay ninguna queja en su contra y por tanto no hay nada que investigar, espera que mantenga esta misma postura cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Uno de los principales sustentos para que se investigue al ombudsman es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) no intervino en el conflicto en San Bernardino Chalchihuapan, mismo que terminó en un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales, donde el saldo fue la muerte de un menor de edad a manos de los oficiales.

"No es cuestión que lo saquen (a Badillo), sino que vean qué originó el conflicto y por qué la comisión brilló por su ausencia", explicó el defensor de los derechos humanos.

También refirió que el origen del conflicto en Chalchihuapan, caso por el cual la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014, se originó por dos leyes que violan los derechos humanos: la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que quita atribuciones a las juntas auxiliares, y la Ley Bala, que permite el uso de armamento no letal contra manifestantes.

CDHE no ha intervenido en gasoducto

Algo similar pasó con las violaciones a derechos humanos cometidas en torno a la construcción del gasoducto Morelos en comunidades de las faldas del volcán Popocatépetl, donde en ningún momento intervino la CDHE y cuando el activista Juan Carlos Flores Solís acudió para interponer una queja a favor de su compañera Enedina Rosas Vélez, arrestada el 6 de abril, también fue detenido.

Incluso en ese caso ya se pidió la revisión de la CNDH y medidas cautelares para los pobladores.

"Por eso estamos integrando el expediente, ya lo comentamos con la comisión nacional porque se tiene que hacer una investigación (...) La Comisión Nacional tiene la obligación porque así lo marca su ley, de acuerdo a los reglamentos internos que tiene", expuso Cuéllar Muñoz.

Medidas cautelares son inmediatas

En el caso concreto del gasoducto, confió en que las medidas cautelares se otorguen de manera inmediata porque se afecta a los pobladores y a las comunidades con el proyecto que llevará gas natural de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, ya que son amenazados, hostigados y hasta se han invadido sus predios.

La violación a los derechos humanos, parte principal del expediente, se debe a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violó la suspensión provisional que les otorgó un juez y continuó trabajando.

"La necesidad de las medidas cautelares corresponde, fundamentalmente, a la violación de la ley que hizo la autoridad correspondiente, en este caso la comisión de electricidad (...) técnicamente el gasoducto debe estar detenido porque el estado jurídico del amparo está en litigio", abundó Cuéllar.