Las declaraciones patrimoniales de funcionarios estatales, que no revelan el valor económico de sus bienes, son una muestra más de la opacidad con la que el gobierno de Puebla se conduce respecto al gasto público, consideró la organización Artículo 19.

La relación de las propiedades de los secretarios estatales, titulares de organismos públicos y del gobernador Rafael Moreno Valle, pueden consultarse en el sitio electrónico de la administración estatal, sin embargo se presentan de manera genérica, sin detallar montos o características de los inmuebles, predios, joyas, obras de arte o inversiones que poseen.

Entre las propiedades de los funcionarios públicos destacan autos de colección, de lujo, cuentas en el extranjero, hoteles, acciones en empresas, terrenos y casas.

Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, señaló que “el estado de Puebla sí se ha caracterizado por un nivel de opacidad sobre el ejercicio del gasto público”.

Refirió que la organización ha seguido al gobierno local respecto al gasto que realiza en materia de publicidad y difusión en medios de comunicación, aspecto en el que Puebla es de los estados más opacos.

Explicó que las declaraciones patrimoniales deben contar con los montos de las propiedades que enlistan, pues ello ofrece herramientas a los ciudadanos para conocer el patrimonio con el que un funcionario llega a un cargo público y con el que sale de éste.

Por ello, dijo, las declaraciones también deben ser actualizadas, a fin de que se realice un cálculo de la manera de cómo ha crecido el patrimonio de los servidores públicos, a fin de determinar que no haya enriquecimiento ilícito.

En este sentido, subrayó que términos como “joyas” u “obras de arte” no son claros, pues puede haber muchos tipos, lo que repercute en su valor.

El problema: las declaraciones no son obligatorias

Ruelas enfatizó que el problema es que no hay alguna ley que obligue a los funcionarios de gobierno  a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, por lo que éstos son libres de decir sí las difunden o no.

No obstante, recordó que si bien en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró  que las declaraciones de los funcionarios son confidenciales y es necesario el consentimiento de éstos para publicarlas, también señaló que el nivel de privacidad de los servidores públicos no es el mismo que el de un ciudadano común.

Es decir, dijo la especialista, no tienen el mismo interés público los bienes de un secretario, el gobernador o el presidente, que los de quienes no trabajan en la función pública.

Acotó que debe ser menester de los ciudadanos el exigir que los servidores públicos informen sobre sus patrimonios, a fin de analizarlos en función con el cargo que ostentan.