Puebla acumula más casos de violaciones graves a los derechos humanos y detenciones arbitrarias que los registrados en 2006 en Oaxaca, denunció Miriam Pascual, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Luego de su participación en el contra-informe que el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSyPP) en el zócalo de la ciudad, previo al Informe de Gobierno del mandatario poblano, Pascual aseguró que las dimensiones de represión en el estado son de “alarma nacional”.

Miriam Pascual, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, contrastó las cifras de detenciones de activistas, indígenas y ciudadanos que se han manifestado en contra de las decisiones del gobierno actual, con la de los presos de conciencia en los últimos 7 años en México, y aseguró que los casos de persecución jurídica en Puebla, además de exceder el número, son penalmente insostenibles. Pascual los describió como un ejemplo de “rehenes del estado”.

“Hemos logrado documentar hasta hoy los casos de presos de conciencia en Puebla y en comparación con otros estados en donde ha habido fragantes y graves violaciones a derechos humanos como en Oaxaca y Michoacán, puedo decir que en Puebla se han registrado los más álgidos casos y es aquí en donde menos voluntad política ha mostrado el gobierno para iniciar diálogos y mesas de discusión”, dijo.

Aseguró que ni el movimiento de la APPO, que causó tantos señalamientos de condena nacional e internacional durante el gobierno de Ulises Ruiz, tuvo el costo de presos políticos que se registran en Puebla.

“Además, fue el mismo Ulises Ruíz quien se hizo cargo del pago de las fianzas que fueron impuestas a los activistas detenidos”, explicó.

Otro de los casos documentados por la abogada fue el que se registró en Tiripetío, Michoacán, en 2011. En ese conflicto, estudiantes demandaban la suspensión de la reforma curricular de la educación normal en Michoacán.

El movimiento estudiantil tuvo como saldo diez denuncias ante la PGR, 67 quejas ante la CNDH y una comunicación al Comité Contra la Tortura de la ONU, que da cuenta de la brutalidad que ejercieron policías federales y estatales contra los normalistas para luego llevarlos a prisión. Durante las aprehensiones hubo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, abuso sexual y robo.

Un acta de notario público acredita “daños irreparables” al casco de la ex hacienda de Coapa, monumento histórico que desde 1949 funge como edificio central de la Normal Rural de Tiripetío.

La copia del expediente en poder de este medio, da cuenta que los presos fueron liberados más tarde y también indemnizados por el estado de Michoacán.

En Tiripetio las autoridades de entonces asumieron los costos políticos pagando fianzas y en algunos casos, hubo indemnización.

Antes de los enfrentamientos los estudiantes celebraron al menos tres mesas de negociación, explicó la abogada.

Miriam Pascual actualmente encabeza la defensa de Juan Carlos Flores Solís, preso por la oposición al Gasoducto Morelos, y también documenta los otros casos de detenciones y encarcelamientos en Puebla, desde que este gobernador tomó posesión.

Ayer por la tarde noche, al menos una decena de ciudadanos, activistas, empresarios, académicos, especialistas, rindieron un informe de lo que ha representado el gobierno de Rafael Moreno Valle.

El evento además de contar con mantas y carteles de denuncia, exhibió la obra del artista plástico Etni Ezbai, quien desplegó sus obras en la circunferencia de la concentración ciudadana.