México. D.F. Por considerar que en el estado de Puebla no existen mecanismos que limiten el abuso del poder del gobierno estatal, legisladores federales del PRD solicitarán intervención la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que revise puntualmente la actuación de cada una de las instituciones del Gobierno de Puebla que han permitido o tolerado el uso arbitrario y político del derecho para inculpar injustamente a luchadores sociales.

Dentro de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para este miércoles, está agendada la participación en tribuna de la senadora perredista, Dolores Padierna Luna, para denunciar que Doña Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores fueron detenidos arbitrariamente por oponerse al paso del gasoducto que se pretende construir como parte del proyecto integral Morelos.

La legisladora destacará que dichas detenciones injustificadas se suman a la de otra docena de campesinos que protestaron contra la supresión del servicio del Registro Civil en sus pueblos, pese a ser autoridades locales elegidas por sus propias comunidades mediante el sistema de usos y costumbres indígenas.

“De acuerdo con la documentación realizada por organizaciones civiles, grupos de abogados y familiares, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni el Poder Judicial del Estado han puesto límite a las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las instituciones que actúan al servicio del Poder Ejecutivo… Es decir, en Puebla, no hay ninguna institución que limite o evite las arbitrariedades cometidas por el gobernador”, argumentará la senadora.

Dolores Padierna también señala en el documento que ya tiene preparado, que en el estado de Puebla se ha establecido como regla el uso político del derecho para fabricar delitos en contra de luchadores sociales de la entidad, lo que constituye una "desviación de poder”, para proteger poderes económicos y políticos en detrimento de la población.

Por ello, la legisladora perredista presentará un punto de acuerdo para exhortar a la CNDH a que emita un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales que han sido detenidos en el Estado de Puebla.

Y que el Congreso de la Unión exhorte también al Congreso local poblano para que intervenga y, mediante comparecencias o reuniones de trabajo, cite a los titulares de la Secretaría de Gobierno y  de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para revisar la actuación que han tenido en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales.

Además de exhortar a los diputados locales de Puebla para que revisen la pertinencia de crear un Consejo de la Judicatura estatal, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad.

En la misma sesión de llevará a cabo en San Lázaro, se prevé también la participación de la diputada federal poblana, Roxana Luna Porquillo, quien luego de hacer un recuento las detenciones arbitrarias y violentas que se han suscitado en Puebla contra luchadores sociales, pedirá también la intervención de la CNDH para que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos de los detenidos.

De igual manera propondrá que el Congreso de la Unión exhorte al gobierno estatal poblano “a cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social en Puebla”. Y que la Procuraduría General de Justicia local garantice el respeto pleno a las garantías procesales de los imputados, incluido el hecho de investigar los presuntos actos de tortura que les han sido infligidos y a garantizar su seguridad e integridad.