Cambiar el esquema de cálculo de las sanciones, de días de salario mínimo a cuotas en pesos para los delitos fiscales, forma parte de la iniciativa que el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso para reformar el Código Fiscal del Estado.

De acuerdo con el documento que ingresó este miércoles, el Ejecutivo plantea castigar los delitos de defraudación fiscal, quebrantamiento de sellos o marcas fiscales,  falsificación o uso de medios de control fiscal, así como los de usurpación de funciones fiscales, depositaria infiel y con el padrón de contribuyentes.

Los cambios propuestos por el mandatario estatal son a los artículos 69, 71, 73, 75, 75 C y 75 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

En lo referente al articulado 69, se establece que el “delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de dos a meses a cuatro años si el monto de lo defraudado no excede de 12 mil 755 pesos, cuando exceda la pena será de dos a cinco años de prisión.

En el número 71, se indica que la persona que recurra al quebramiento  de sellos o marcas oficiales colocados por autoridad fiscal en el ejercicio de sus funciones, se le impondrá la pena de dos meses a tres años de prisión y multa de 2 mil 550 pesos.

La penalidad del delito de falsificación o uso de medios de control fiscal, se establece en el apartado 73, el cual indica que quien recurra a esta acción será castigado con prisión de seis meses a cinco años y multa de 3 mil 830 pesos.

La usurpación de funciones fiscales considera una sanción de uno a seis años de prisión y multa de 5 mil 105 pesos, como lo refiere el artículo 75.

Ese mismo apartado contempla dos modificaciones en las fracciones C y E. En el caso de la primera se establece que el delito de “depositaria infiel” tendrá un castigo de tres meses a seis años de prisión si el valor de lo dispuesto no excede a 127 mil 540 pesos y cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

En el apartado E del artículo 75, indica que los delitos relacionados con padrones de los contribuyentes se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y multa de 3 mil 830 pesos.

La propuesta del Ejecutivo se turnó para su análisis y aprobación a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presidida por el priísta José Chedraui Budib.