Habitantes de comunidades de las faldas del volcán Popocatépetl interpusieron este martes tres amparos colectivos contra la construcción del gasoducto Morelos, debido a los peligros que representa la obra en caso de una erupción y por la represión de empresas y dependencias involucradas, que han llevado al encarcelamiento de cuatro opositores.

De acuerdo con la abogada Patricia Montaño Flores, más de 180 personas de 12 comunidades de Atlixco y Nealtican firmaron los amparos, debido a que se ven afectados de manera directa en sus propiedades o porque el trazo perjudica las rutas de evacuación del volcán.

Entre los firmantes hay habitantes de San Felipe Xonacayucan, comunidad en la que su comisariada ejidal, Enedina Rosas Vélez, fue encarcelada por su oposición a este proyecto y quien actualmente se encuentra bajo detención domiciliaria.

Van contra dependencias y empresas

Montaño Flores explicó que tras la entrega de las demandas, espera que le indiquen el juzgado en que será atendido el caso, y estimó que para el martes próximo ya habría una sentencia respecto al acto reclamado, que es la construcción de gasoducto.

Entre las autoridades que están señaladas en el proceso se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las empresas Elecnor, Enagás y Bonatti, que es la constructora.

"Es la violación más grave que se puede hacer en una zona de peligro volcánico, por lo tanto lo que estamos pidiendo es que no se construya o que se desvíe o que se ubique de otra manera", dijo la representante legal de los pobladores.

Cuentan con respaldo científico

La abogada refirió que para la conformación del juicio de amparo integraron documentos de la CRE, así como los mapas de las rutas de evacuación, los mapas de los cambios en el trazo del gasoducto que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un mapeo de riesgos que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER).

Además de que los inconformes cuentan con datos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En caso de que las autoridades judiciales respondan de manera positiva a los amparos, se tendrán que suspender los trabajos en la zona de Nealtican, Xonacayucan y en las 12 comunidades de Atlixco, que son las de alto riesgo volcánico.

Denunciarán a ayuntamientos

En otra parte del amparo se denunciaron a los alcaldes de Atlixco y Nealtican por el cambio de uso de suelo sin consultar a la población afectada, así como las técnicas que utilizan las empresas para amedrentar a los pobladores y tratar así de eliminar la resistencia de los pueblos.

En el expediente se incluyeron los casos de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores Solís, Avelino Velázquez Tapia y Abraham Cordero Calderón, entre otros habitantes de las faldas del volcán.

"El modus operandi de Bonatti es tener un grupo paramilitar, que es el que se ha dedicado a levantar, aprehender, hostigar y amenazar (a los pobladores), y efectivamente lo hicimos valer en el (amparo) de Xonacayucan", sostuvo Patricia Montaño.

Si las autoridades federales no les hacen caso acudirán a la Comisión de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pobladores piden imparcialidad

En representación de las comunidades, durante la entrega de los recursos habló una joven de nombre Yesenia, quien señaló que han acudido a diferentes instancias para evitar la construcción del gasoducto, pero su petición no ha sido escuchada y al contrario los han reprimido más.

Por eso ahora buscan el amparo del Poder Judicial para proteger sus derechos y sus tierras.

Yesenia pidió entonces a los jueces y magistrados que no se corrompan y que se conduzcan conforme derecho para que la obra sea suspendida.