Un juez giró la cuarta orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del edil de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano.

Al ex edil se le sigue el proceso penal número 483/2014 y la orden aprehensión ya le fue notificada al edil auxiliar y a su defensa encabezada por Hilario Gallegos, aunque no se informó la causa del delito.

Poco antes de su detención, el ex edil emprendió acciones jurídicas en contra de las reformas promovidas por el gobierno estatal para retirar a las Juntas Auxiliares las facultades de administrar el Registro Civil.

Días antes, el Juzgado Cuarto de lo Penal había dictado la tercera orden de aprehensión en contra de Báez Serrano por el ejercicio indebido de funciones. Este tercer delito —acusó entonces el abogado— se le imputó horas antes de que fuera liberado bajo caución con el pago de una fianza de 80 mil pesos.

De acuerdo con la defensa, el ex edil de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, cuenta con los amparos 1697/2014, concedido por del Juzgado Tercero de Distrito y el 1695/ 2014, obsequiados por el Juzgado Octavo de Distrito.

Acusan proceso irregular

Hilario Gallegos denunció que existe un proceso plagado de anomalías en contra de su defendido y acusó al juez Alejandro León Flores, del Juzgado Penal de Cholula, de cometer múltiples irregularidades.

Explicó que es el jefe de departamento de la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla el que presenta las denuncias en contra de Leonardo Báez Serrano.

“Es increíble la cobardía del Síndico Municipal, Héctor Sánchez o del alcalde Antonio Gali Fayad, al menos deberían dar la cara”, sentenció.

El presidente municipal de La Resurrección fue el primero en iniciar un procedimiento legal para que las juntas auxiliares conservaran el Registro Civil, cuando interpuso el amparo número 1558/2014 en el juzgado Noveno del Distrito. Con dicho recurso, pretendió defender los usos y costumbres y la identidad de los pueblos y de las comunidades indígenas.

El defensor Gallegos afirmó que las prácticas dilatorias que ejercen en los juzgados para conceder la libertad violentan el debido proceso.

“Es lamentable, es bajo, es indigno, son los esfuerzos por castigar a alguien que disiente y es la evidencia nítida de que en Puebla se usa el derecho penal como garrote y como instrumento de venganza contra el pueblo, pero si creen que van a detener a un pueblo que se revela, están equivocados, pues los ánimos para continuar con la lucha se están renovando”, asentó.