El caso del encarcelamiento del alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, llegó este jueves a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se presentó una queja por la violación a sus garantías fundamentales, y a la Cámara de Diputados federal, en donde se demandó su libertad inmediata, ante la “evidente fabricación de delitos”.

Los hijos del edil auxiliar, Rocío y Javier Pérez Pérez, se presentaron hacia las 19:00 horas en la CNDH para presentar la queja por la detención ilegal del alcalde auxiliar, ya que se realizó sin orden de aprehensión y a pesar de que contaba con un amparo.

En la sede del organismo autónomo, los jóvenes fueron recibidos por el primer visitador general de la CNDH, Luis García López Guerrero, quien también conoció y dio seguimiento al caso de San Bernardino Chalchihuapan.

Antes, hacia las 16:00 horas, fueron recibidos por diputados federales de la Comisión de Asuntos Indígenas, quienes les ofrecieron llevar el caso a la tribuna de San Lázaro, a través de un punto de acuerdo, en la sesión plenaria del próximo jueves, en donde se demandará la liberación inmediata de Raúl Pérez Velázquez, se denunciará la agresión constante del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas a los pueblos originarios de Puebla y se pedirá también la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la administración de Enrique Peña Nieto.

Otro Chalchihuapan

En conferencia de prensa, acompañados por los legisladores Carlos de Jesús Alejandro, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y la poblana perredista Roxana Luna Porquillo, la joven Rocío Pérez Pérez acusó al gobierno de perseguir a los pueblos indígenas y advirtió que el caso Canoa podría convertirse en un nuevo Chalchihuapan.

“Sólo por ser indígenas somos perseguidos… pido que nos ayuden antes de que seamos masacrados”.

Los legisladores anunciaron que cuentan también con el apoyo de la diputada panista e ícono de la lucha de la mujer indígena, Eufrosina Cruz, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas.

En tanto, el legislador Carlos de Jesús Alejandro aseguró que “a todas luces se ve que se trata de delitos fabricados, que se actúa por consigna y que es un asunto político”.

Roxana Luna Porquillo advirtió que el alcalde auxiliar de Canoa es el preso político número 41 del actual gobierno y que el caso demuestra el ataque sistemático a los pueblos originarios de la entidad.

Los hijos del alcalde hoy preso denunciaron que los delitos por los que se detuvo a su padre, privación ilegal de la libertad, robo agravado y amenazas, es imposible que pudiera cometerlos, pues se encontraba en otro lugar en el momento en que se asegura que ocurrieron.

Mostraron videos de la inocencia del alcalde y aseguraron que todo se encuadra en la intención del gobernador de imponer como alcalde auxiliar de Canoa a su compadre Germán Pérez López.