Ante la presión que ejercieron grupos de choque, este domingo el edil subalterno de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, suspendió la presentación de la policía comunitaria y dio un ultimátum al gobierno capitalino para que en un plazo de 24 horas envié a efectivos que laboren permanentemente en la comunidad, pues de lo contrario instalará el nuevo cuerpo de seguridad auxiliar.

El alcalde dijo que no presentará un amparo para evitar una aprehensión, ante la captura que el sábado sufrió su homólogo de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, quien también ha endurecido su postura hacia la administración municipal y estatal.

Pérez aseguró no tener temor de ser detenido, pues subrayó que no ha cometido algún delito y que únicamente pugna por garantizar la seguridad pública en su comunidad.

“El único amparo que tengo es el que presenté para evitar el retiro de la oficina del Registro Civil. No tengo miedo a que me detengan, pero que no me siembren algo, que lo hagan por la vía legal”, señaló en entrevista previa a una asamblea que se realizó este domingo en la plaza principal de Canoa.

Al lugar acudieron al menos unos 300 pobladores, quienes exigieron al alcalde instaurar una policía comunitaria, ante la falta de presencia de la Policía Municipal en la zona –ubicada a aproximadamente 12 kilómetros de distancia de la capital–, y ante la creciente delincuencia, pues acusaron que en los últimos días han ocurrido intentos de secuestro, robos a casa habitación e incluso violaciones.

No obstante, ante la presión que ejerció la presencia de al menos una veintena de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), así como el cierre de la presidencia auxiliar que el sábado realizó un grupo de choque, el edil auxiliar determinó suspender la operación de la policía comunitaria y lanzó un ultimátum al gobierno municipal para que envíe efectivos que realicen rondines permanentes en la comunidad.

Una unidad quemada y cierre de la presidencia, saldo de la gresca

Pérez Velázquez relató que el sábado, previo a la presentación de la policía comunitaria, un grupo de ciudadanos encabezados por Germán Pérez López y Antonio Reyes, ex candidatos a ediles auxiliares de las planillas “Acción lobo” y “Sombrero rojo”, llegaron a la presidencia de la comunidad acusándolo de detener obras públicas, “vender” el Registro Civil y hacer cobros irregulares con el agua potable.

Acto seguido, los inconformes provocaron desmanes, pues quemaron una unidad perteneciente a la Secretaría de Gobernación municipal, rompieron los vidrios del comedor comunitario y soldaron la entrada del inmueble, mientras que cerraron la salida hacia Puebla por espacio de tres horas.

Durante la asamblea, los pobladores acusaron a los inconformes de querer desestabilizar al municipio, así como de estar en contra del edil auxiliar.