La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que no tiene obligación de detallar la ubicación y el número de los radares del programa Monitor Vial que operan en el estado de Puebla ni las infracciones que se han levantado en cada uno de estos puntos.

A través de una respuesta a la solicitud de información 00350714 negó además información sobre la máxima velocidad a la que ha sido captado un vehículo durante el primer año del programa y el punto donde fue registrado.

“No existe documento institucional alguno que contenga la información que solicita, con el nivel de detalle y desglose que requiere, toda vez que no se ha elaborado ni existe obligación derivada de norma alguna para realizarla”, se expuso en el documento.

La dependencia sólo indicó que entre el 5 de agosto de 2013 y el 5 de agosto de 2014 se emitieron 455 mil 168 fotomultas en todo el estado, lo que deja un promedio de 37 mil 930 cada mes.

e-consulta solicitó a la SSP además un reporte sobre el monto económico de las infracciones aplicadas, así como el porcentaje de los recursos que corresponden al gobierno del estado y el que se destina para la empresa operadora Autotraffic, sin embargo indicó que no es la dependencia indicada para entregar esa información.

Es importante señalar que el pasado 12 de febrero, el secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas sí aportó datos sobre la máxima velocidad a que fue observado un auto por las cámaras viales.

Detalló que fue un Audi R8 que circulaba a 240 kilómetros por hora frente al radar de la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, sin embargo ocho meses después la SSP negó este tipo de información.

Apenas este domingo e-consulta dio a conocer que hasta en 165 kilómetros por hora han sido captados vehículos oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Puebla a través de los radares instalados en 18 vialidades del estado, por lo que se emitieron 670 infracciones por 605 mil 895 pesos.

Sin embargo el Congreso local y el gobierno estatal se negaron a transparentar las matrículas de los vehículos sancionados así como el nombre de los funcionarios que los conducían, situación que sí reveló el Tribunal Superior de Justicia.