Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva e imparcial de la muerte de los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio 2014.

Los reportajes publicados en varios medios en los últimos días, basándose, al parecer, en el testimonio de por lo menos una testigo presencial de los hechos, plantean interrogantes sobre la versión presentada por la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y la investigación de los hechos tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como la Procuraduría General de la República (PGR).

Según la testigo, todas las muertes, salvo uno, no ocurrieron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después cuando ya se habían rendido.

La organización internacional considero “alarmante, esta nueva información de  21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado”.

Los reportajes señalan que la testigo fue presionada por representantes de la PGJEM y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por SEDENA.

Amnistía Internacional destacó que de cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión del estos funcionarios en los abusos.

Aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni el encubrimiento de los responsables de tales abusos.

En tal sentido, la organización precisó que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México, sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial.

Sentenció que si el compromiso del gobierno mexicano es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia.

Versiones encontradas

Según la versión de los hechos emitido por SEDENA en las horas después de los hechos, soldados de la  22/a zona militar repelaron una agresión por presuntos delincuentes situada en una bodega cerca de Tlatlaya, estado de Mexico. El tiroteo resultó en la muerte de todos los 22 presuntos delincuentes (incluso una menor de edad)  y la liberación de tres mujeres secuestradas. Solo un soldado quedó lesionado. Sin embargo, desde el inicio se cuestionó la versión oficial, específicamente  en cuanto a la falta de lesiones sufrida por los militares, la falta de suficiente orificios de impacto desde el exterior de la bodega, las manchas de sangre en el interior y los aparentes disparos a corta distancia sufridos por los fallecidos.

Esta semana Esquire México y Associated Press publicaron reportajes a raíz de la información obtenida de una supuesta testigo presencial de los hechos que parece indicar que sólo uno de los fallecidos murió abatido durante el enfrentamiento y los demás, -algunos lesionados- fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros del ejército después de rendirse.