México. D.F. Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos reprobaron la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues aseguraron que los mecanismos de esta institución para frenar los ataques y represión contra periodistas y defensores de los derechos humanos es prácticamente nula.

En el Coloquio: Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizado por el Partido Movimiento Ciudadano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja calificó de omiso al ombudsman nacional, Raúl  Plascencia,  por no haber dado respuesta a las observaciones que le hicieron los legisladores con motivo de su más reciente informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El legislador también acusó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja de obstaculizar la comparecencia que algunos diputados están exigiendo del titular de la CNDH ante la Cámara de Diputados federal, para que explique, entre otras cosas, su actuación frente a la controvertida Ley Bala aprobada en el estado de Puebla y que ya dejó un muerto y varios heridos.

En ese sentido, sostuvo que el actuar de Raúl Plascencia al frente de la CNDH “está condicionada a sus filias y a sus fobias” y en base a ello ha actuado con respecto a la violación de derechos humanos en el caso Chalchihuapan a raíz de la Ley Bala, dijo.

Pone en peligro libertad de expresión

En su oportunidad, el investigador del Área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Fundar, Miguel Moguel, indicó que en el caso de la Ley Bala, en Puebla, “las organizaciones que formamos parte del frente, nos quedamos a la expectativa de una respuesta de por qué no había lugar a una acción de inconstitucionalidad”, toda vez que había elementos ello.

Mientras que Iván Báez, de la organización Articulo 19, México, advirtió que “la percepción que tenemos desde la sociedad civil con respecto a la CNDH es muy bajo”, y calificó como de principal preocupación “la falta de una política clara de la CNDH para contrarrestar las leyes que criminalizan la libertad de expresión”.

Añadió que se desconoce si la CNDH cuenta con una metodología para fiscalizar las reformas legales que se aprueban en los congresos locales y que podrían ser contrarias al respeto de los derechos humanos de la sociedad para, en su caso, emitir de manera oportuna las recomendaciones correspondientes e incluso ejercer la acción de inconstitucionalidad como debió suceder en la preocupante Ley Bala y cuyas consecuencias funestas pudo haber prevenido la CNDH, dijo.

“Nos preocupa que tenga que ser la sociedad civil la que, mediante una carta y a veces mediante un escrito de amparo, exija que la CNDH valore la presentación de las acciones de inconstitucionalidad”, y cuando la sociedad lo ha hecho, las respuestas de la CNDH han sido muy vagas, advirtió.