La inhabilitación por 11 años que la LVIII Legislatura aprobó en contra de Porfirio Loeza Aguilar, ex alcalde de Tlatlauquitepec, continua firme, precisó Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso.

Leal Islas reconoció que si bien no se cumplió con la revocación de mandato en contra de Loeza Aguilar, éste todavía enfrenta un proceso de inhabilitación debido a que no comprobó el uso de 19 millones de pesos durante su primer periodo como edil del municipio serrano entre 2005 y 2008.

En entrevista, la integrante de la bancada de Acción Nacional señaló que al promover medios de defensa, el ex edil prolongó la ejecución de revocación de mandato, lo que le permitió cumplir con el segundo trienio para el que fue electo en julio de 2010.

Sin embargo, sostuvo que la penalidad que avaló la Comisión Inspectora, el Órgano de Fiscalización Superior -hoy Auditoría Superior del Estado- y el pleno del Congreso, siguen vigentes por lo que Loeza Aguilar tendrá que enfrentarla.

A finales de julio de 2011, la Comisión Inspectora determinó revocar el mandato del munícipe, debido a que no comprobó el uso de 19 millones de pesos, recursos que ejecutó en su primer periodo como alcalde de Tlatlauquitepec, situación que derivó en su destitución y una inhabilitación por 11 años para ocupar un cargo público.

De 2005 a 2008, Loeza Aguilar fungió como presidente municipal de Tlatlauquitepec, pero bajo las siglas del Revolucionario Institucional (PRI). Para el proceso electoral de 2010, la alianza Compromiso por Puebla cobijó al ex priísta y le entregó la candidatura a la alcaldía como posición del partido Movimiento Ciudadano (MC).

En noviembre de 2011, tres meses después de que se le revocó el mandato, Loeza Aguilar interpuso un recurso de revisión ante el Congreso, mismo que no procedió, y fue hasta febrero de 2012 cuando el Congreso ratificó su decisión de destituirlo como alcalde.