El 88.6 de los mexicanos no cree en el dictamen de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) respecto a que la “onda expansiva” de un cohetón causó la herida en la cabeza del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, que a la postre le quitó la vida.

Así lo revela una encuesta que el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) hizo a un total de 600 personas en el país, para conocer su opinión acerca del enfrentamiento violento que el nueve de julio se registró entre policías estatales y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo más de 50 heridos.

La medición arrojó que ocho de cada 10 encuestados no cree en el dictamen presentado por la PGJE, pues el 88.6 por ciento de las 600 personas consultadas respondió que el resolutivo es insuficiente y que se debe investigar más a fondo el caso de la muerte del menor.

La conclusión de la dependencia estatal, dada a conocer el miércoles pasado, indicó que fue la “onda expansiva de un cohetón” lanzado por grupos infiltrados entre los pobladores de Chalchihuapan, lo que provocó una perforación en el cráneo del menor, tras lo que perdió la vida.

En este sentido, sólo el 6.5 por ciento dijo que la aclaración de las autoridades fue suficiente, mientras que el 4.9 no contestó.

La encuesta reflejó que del total de entrevistados, el 37.9 por ciento conoce los hechos, mientras que el 62 por ciento no está enterado del enfrentamiento entre pobladores y efectivos.

Del total de personas que sí conocen el caso, el 44.4 por ciento tiene 45 o más años, el 40.7 por ciento tiene entre 30 y 44 años, y el 27.1 por ciento tiene edades entre los 18 y 29 años.

Padres son responsables de la muerte del menor

Sobre las responsabilidades en el fallecimiento del menor, el 31.8 por ciento piensa que los padres del infante son los culpables de los hechos, el 13.5 por ciento cree que el responsable es el gobierno del estado, el 13 por ciento cree que todos, mientras que un 12.1 señaló a los manifestantes.

El 7.3 por ciento señaló que los responsables son policías estatales, el 2.6 por ciento señaló “a otros” como los culpables  y el 19.7 por ciento no sabe o no contestó.

Acción gubernamental

La encuesta también interrogó a las personas sobre si el gobierno de Puebla actúo de buena o mala fe, sobre la declaración que la madre del menor, Elia Tamayo Montes, hizo acerca de que funcionarios del gobierno estatal le ofrecieron dinero y apoyos en especie como indemnización por la pérdida del niño.

A la pregunta en cuestión, el 43.8 por ciento dijo que la administración estatal actuó de buena fe, el 38.3 dijo que de mala fe y el 17.9 por ciento no supo o no contestó.

La encuesta del GCE, que dirige Liébano Sáenz, fue realizada el pasado primero de agosto vía telefónica a 600 personas mayores de 18 años, distribuidas en las 32 entidades del país.

El nivel de confianza es el 95 por ciento y el error teórico es de +/-3.46 por ciento.