El Juzgado Cuarto de Distrito en Puebla concedió la suspensión definitiva de la llamada “Ley Bala” a través de dos juicios de amparo, según lo informó este miércoles la organización Article 19.

El juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” cuando se ejerza el “derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.

La determinación parte de cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades del Estado mexicano tienen por el mandato del artículo 1º constitucional.

No llegó a los dos meses

El 19 de mayo el Congreso de Puebla aprobó por mayoría -32 votos a favor y 5 en contra- la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle.

Seis semanas después, el 1 de julio, se estrenó con el desalojo de habitantes de juntas auxiliares de la región de Tehuacán, quienes bloquearon la carretera federal a Puebla y los accesos al Centro Integral de Servicios en demanda de la restitución del servicio del Registro Civil.

Para el 3 de julio fueron interpuestos cinco amparos contra la legislación que permite a los agentes hacer uso de la fuerza y armas “no letales” para disuadir una manifestación, y se decretó una suspensión provisional de la nueva ley.

Infringe gobierno estatal disposición del Poder Judicial

El 9 de julio pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que también demandaron la restitución del servicio del Registro Civil a través del bloqueo de la autopista a Atlixco, sostuvieron un enfrentamiento con policías, quienes usaron gases, toletes y balas de goma, que provocaron lesiones a unas 30 personas, entre ellos a un menor de 13 años que recibió un impacto en la cabeza que lo mantiene en estado grave.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” destacó que el gobierno del estado infringió el amparo emitido de forma provisional por el Poder Judicial de la Federación para no poner en práctica la Ley Bala hasta que no resolviera las demandas que admitió y que fueron interpuestas por ciudadanos en contra esa normativa.

Amparo definitivo amplía derechos en Puebla

Este miércoles el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla consideraron que estas decisiones protegen y amplían los derechos humanos de las personas en la entidad.

De igual forma sirven como precedente, ya que se pone en el centro del sistema jurídico a las personas y a sus derechos, y no a los intereses de los grupos en el poder que buscan coartar la libre manifestación de ideas y criminalizar la protesta social.

Además de ser acorde con la Constitución, la determinación del juez concuerda con los principios necesarios para transitar a una sociedad auténticamente democrática y contribuyen al fomento de la diversidad y la pluralidad, indicaron en un comunicado.

“En este contexto, es indispensable recordar que la semana pasada la Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada en el marco de una manifestación desplegada por pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, sobre la autopista Puebla-Atlixco, para exigir que los servicios del Registro Civil fueran regresados a la comunidad. La “Ley Bala”, ya en vigor, sirvió como marco legal de las autoridades, y tuvo como resultado medio centenar de heridos, dentro de los que se encuentra José Luis Tehuatlie Tamayo (en estado de salud crítico), de tan sólo 13 años y quien sólo caminaba por el lugar”, precisó Article 19.

La organización indicó que seguirá atenta y a la espera de que el resto de los amparos presentados se resuelvan de manera favorable y protectora de los derechos de las personas, en los respectivos juzgados en que fueron promovidos, tanto en Puebla, como en los estados de Chiapas y Quintana Roo, donde se aprobaron legislaciones en contra de los derechos de manifestación.

“Del mismo modo, exigimos que los actos de represión y abuso de la fuerza en San Bernardino Chalchihuapan, sean investigados y que sus responsables sean sancionados de acuerdo a la ley”.

Ley ya había sido avalada por la CNDH

Cabe recordar que la unidad Jurídica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que la llamada Ley Bala no incurría en aspectos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos.

Por ello el organismo no promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar algún precepto de la Ley y sostuvo que el ordenamiento promueve “el pleno respeto a los derechos humanos y se apega a los protocolos y convenciones internacionales, de mayor avanzada, al regular el uso gradual y proporcional de la fuerza pública”.