De aprobarse en el Senado, los consejos de administración de Pemex y de la CFE serán más poderosos, pues el tercer proyecto de dictamen en materia energética que se debatirá en el Senado pretende darles mayor peso en la toma de decisiones y en los movimientos estratégicos de las empresas productivas del Estado.

En comparación con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, el dictamen que se dio a conocer ayer presenta 18 nuevas facultades para los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Con las nuevas atribuciones, los consejeros no sólo opinarán sino aprobarán los informes hechos por los titulares de las empresas productivas, también deberán dar el aval a los proyectos y decisiones estratégicas que se pretendan implementar y dar su visto bueno a las políticas y procedimientos para la celebración de operaciones con subsidiarias, empresas filiales u otras personas con influencia significativa.

De acuerdo con una nota del periódico El Economista, la legislación secundaria entrará en vigor un día después de que se haya designado al nuevo Consejo de Administración, en el que ya no tiene cupo el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps.

Además, el director de la empresa productiva de la que se trate podrá ser removido discrecionalmente por el Ejecutivo federal o por el Consejo de Administración por decisión adoptada por al menos siete de sus 10 miembros.

En el caso de la CFE, será su Consejo de Administración y no su director general el que fije los precios de sus bienes y servicios.

Para garantizar la autonomía de los cinco consejeros independientes, el Ejecutivo federal deberá enviar al Senado el nombre de los candidatos para que éstos sean ratificados con el voto de las dos terceras partes de los legisladores, pero a diferencia de otras propuestas, los candidatos no comparecerán en comisiones.

Por otro lado, la legislación crea la figura de comisario para cada una de las empresas productivas. Los comisarios deberán ser expertos independientes que anualmente den a conocer una evaluación global de la marcha y desempeño de Pemex y de la CFE, misma que deberá incluir un análisis sobre la situación operativa, pragmática y financiera de las empresas productivas.

El presidente de la República solicitará al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas una terna de personas o de firmas de reconocido prestigio, lista que se enviará a la Cámara de Diputados, instancia legislativa que seleccionará a cada comisario que permanecerá en el cargo por cinco años.

Los comisarios enviarán a la Cámara de Diputados los informes de evaluación global de las empresas productivas y formularán recomendaciones al respectivo Consejo de Administración.

Pemex y CFE tendrán, cada una, cuatro comités y no tres, como lo propuso Peña. El dictamen promueve la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; además de los comités de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, y el de Estrategia e Inversiones.

Cada Comité de Recursos Humanos propondrá, entre otras cosas, el mecanismo de remuneración del director general de la empresa productiva respectiva y de los directivos de los tres niveles jerárquicos inferiores a éste. Mientras que dos de los cinco consejeros de Administración serán independientes.

Dan herramientas para combatir la corrupción

Se realizaron 50 modificaciones a las iniciativas del Ejecutivo; entre otras, se destaca que, debido a que el régimen jurídico que ahora se asigna a Pemex y a la CFE se asemeja al de empresas privadas, se comparte la necesidad de sujetarlas a obligaciones de transparencia que atiendan específicamente a funciones de tal naturaleza, como es la presentación de informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica.

En el capítulo de combate a la corrupción, las dictaminadoras refieren que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no resulta suficiente para combatir las prácticas de corrupción, primero en virtud de sus funciones eminentemente empresariales (creación de valor económico), y en segundo lugar, dada la nueva relación que tendrán con el Ejecutivo federal.

Según otra nota del periódico La Jornada, se propone sujetar tanto a Pemex como a CFE a las obligaciones específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores, ya que ello permitirá una adecuada rendición de cuentas y evaluación de sus actividades y desempeño.

De igual forma, en el dictamen se plantean nuevas disposiciones que permitirán prevenir y sancionar situaciones irregulares que pudieran presentarse durante todo el proceso de las diversas contrataciones que realicen las empresas productivas del Estado.

Así, se crea una sección especializada en medidas para garantizar la integridad en las contrataciones que realicen Pemex, la CFE y sus respectivas empresas productivas subsidiarias. Se sugiere instaurar un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones, y se contempla que Pemex y la CFE cuenten con sistemas de información sobre sus proveedores y contratistas, mismos que tendrán que actualizarse periódicamente y contener información de los últimos cinco años de los contratos celebrados.

También, las comisiones dictaminadoras realizaron cambios para dotar a las empresas (Pemex y CFE) de flexibilidad que les permita competir en igualdad de circunstancias frente a terceros que participen en sus respectivos sectores.

Entre otros cambios, no se consideró pertinente que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) transfiera sus recursos a Pemex, como lo propuso el Ejecutivo federal, dado que el Estado mexicano debe contar con un organismo autónomo que se encargue de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera, diferenciándose claramente de la empresa.

Reanudarán trabajos en comisiones

Luego de tres semanas en pausa, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera en el Senado de la República reanudan hoy la discusión de las leyes secundarias en materia energética, con la participación de todas las fuerzas políticas.

Al debate regresa el PAN, pese a que amagó con no votar los dictámenes si Nuevo León no adecua su legislación local con la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia electoral.

También se reincorpora el PRD, pero no se le concederá su petición de debatir desde el primer dictamen que se dio a conocer.

Los senadores de las comisiones presididas por el priísta David Penchyna y el panista Raúl Gracia se reunirán este mediodía para discutir el tercer dictamen por el que se crea la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como la reforma a la leyes Federal de las Entidades Paraestatales; Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios.

El senador del PAN, Salvador Vega Casillas, advirtió que el grupo parlamentario estará en el debate, pero no votarán las leyes secundarias a menos de que los estados cumplan con la reforma electoral.

Advirtió que el tercer dictamen contiene la mayoría de los cambios que gestionó su partido con el gobierno federal en anticorrupción y el fortalecimiento del Consejo de Administración de Pemex y de CFE.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que la Cámara Alta podrá solicitar un periodo extraordinario para debatir las leyes secundarias de energía a finales de julio o a principios de agosto, después del Mundial de fútbol, como lo pronosticó. David Penchyna expresó que propondrá una nueva redacción en expropiación de las tierras.