Puebla, Puebla. La reportera del diario La Jornada de Oriente, Yadira Llaven Anzures, interpuso esta semana una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la agresión que sufrió a manos de empleados de la empresa que construye el gasoducto Morelos. Durante el enfrentamiento con los empleados que impidieron el trabajo de la reportera, Yadira Llaven recibió una amenaza velada de quien se identificó como funcionario de la Secretaría de General de Gobierno, quien le hizo saber “que ya tenían su foto y la de su vehículo”.

Esta queja se da luego de la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) AP/PGR/PUE-VI3336/2014, en la que se señala que al fotografiar las maniobras de descarga de la tubería del gasoducto Morelos en una bodega ubicada en Santa Isabel Cholula —al borde de la carretera federal a Atlixco— la reportera fue increpada por tres empleados de la obra. Los sujetos la intimidaron, intentaron quitarle su celular y la amenazaron con llamar a la policía, mientras era grabada, pese a que previamente se había identificado y explicado que realizaba su trabajo periodístico.

Minutos después, Yadira Llaven Anzures recibió la llamada telefónica de una persona que se identificó como Oscar Burgos, con el número celular 2226540385. El individuo dijo que era empleado de la Secretaría General de Gobierno y le aseguró que ya tenía fotografías de la reportera y el número de placas de su automóvil, le hizo preguntas sobre la agresión que había sufrido y la acusó de querer denunciar el hecho con un “afán amarillista”, porque su medio, le dijo, “ya no encuentra qué inventar para generar noticia”.

El funcionario le aseguró que si podía identificar a los trabajadores que la agredieron, él podría despedirlos de inmediato, pues tenía la facultad de hacerlo; también le pidió que disculpara a los trabajadores porque “traían bien puesta la camiseta” y les justificó diciendo que estaban molestos por la oposición de los pueblos para la instalación de la obra que es parte del Proyecto Integral Morelos-Puebla-Tlaxcala.

En la denuncia, la reportera reveló su preocupación por la llamada del supuesto funcionario a su número telefónico personal pocos minutos luego de la agresión.

En breve entrevista con este medio, dijo que le llamó la atención la autoridad que dijo tener Burgos para decidir sobre el destino laboral de los trabajadores de la empresa, evidenciando la relación íntima entre el gobierno del estado, y ubicando a los funcionarios del estado como “personeros” de los empresarios de la obra que ha provocado que surja en frente social en tres estados.

El vocero del gobierno estatal, Fernando Crisanto, aseguró que en la nómina del gobierno no existe ninguna persona registrada con ese nombre, y deslindó a la administración de Rafael Moreno Valle de las agresiones contra Yadira Llavén.

El saldo de la oposición

La persecución que el gobierno del estado desató contra los activistas que han emprendido una resistencia a la construcción del llamado “proyecto de muerte”, hizo que el Tribunal Superior de Justicia dictara auto de formal prisión a José Luis Flores Solís, por los delitos de despojo, motín y extorsión; a Enedina Rosas Vélez, líder ejidal de 75 años, por robo calificado de un celular de un trabajador de la empresa del gasoducto; y  a Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, por amenazas y privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos, la última semana de marzo.

El pasado 11 de abril, hombres armados vestidos de campesinos irrumpieron en la casa del catedrático Ricardo Pérez Avilés, quien realizó un estudio del peligro que resultaría la construcción del gasoducto Morelos.

René Trujillo Dorado, Aranzazú Vargas Montes, Iliana de Jesús Lozano y Alberto Melchor Montero, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, denunciaron haber recibido llamadas telefónicas de personas desconocidas, en las que les advirtieron que debían evitar pronunciarse en contra de la obra.

Integrantes de la radio comunitaria Axocotzin fueron hostigados y también amenazados telefónicamente para impedir la trasmisión de su programa sobre el gasoducto.

Hasta ahora, el gobierno del Estado no ha hecho investigaciones al respecto, ni existe ningún responsable de estos hechos, denuncian los afectados.

Yadira Llaven ha cubierto el conflicto social derivado de la instalación del gasoducto en Puebla desde el año 2011, incluso fue testigo de descargo a favor del activista Juan Carlos Flores, probando con fotografías y la correspondiente nota que publicó hace dos años que Flores no participó en la manifestación realizada en Santa María Acuexcomac y por la cual se procesa al activista bajo los cargos de ataque a obra hidráulica, extorsión, motín y despojo.