En lo que va de la actual Administración federal, el país se ha endeudado más, sin que ello se refleje en un mayor crecimiento impulsado por el gasto público.

Hasta marzo de 2014, la deuda total aumentó 4 puntos del PIB, según se informa en una nota del periódico Reforma.

Con esto, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 36.44 por ciento del PIB en 2012 a 40.29 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Sólo en los primeros tres meses de 2014, la deuda se elevó de 6 billones 504 mil 318 millones de pesos a 6 billones 629 mil 753 millones.

El incremento más acelerado de la deuda se explica, en buena medida, por el mayor déficit que el Gobierno federal solicitó al Congreso de la Unión para poder financiar el gasto público.

En 2013, el déficit aprobado por los legisladores fue de 0.3 por ciento del PIB, mientras que para este año será de 1.4 por ciento.

Este nivel de déficit se realizó bajo el supuesto de un mayor crecimiento, previsto por la Secretaría de Hacienda como de 3.9 por ciento para este año con la perspectiva de destinar más recursos para obras públicas y así detonar la economía.

Sin embargo, el mayor endeudamiento del país no se traducirá en más crecimiento, ya que el Gobierno modificó su proyección de crecimiento a 2.7 por ciento.

Viridiana Ríos, directora de la organización México ¿Cómo Vamos?, aseguró que el monto total de la deuda no es grave todavía.

Sin embargo, sí lo es el ritmo al cual está creciendo.

Sin control crecimiento de deuda de estados y municipios

Durante los últimos 12 meses la deuda de los estados y municipios creció a un tasa de 10.3 por ciento y alcanzó la cifra de 481 mil 79 millones de pesos en el primer trimestre, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según otra nota del periódico El Financiero, destaca la deuda de Chihuahua, que en los últimos 12 meses creció 61 por ciento. Es la entidad más endeudada con relación al tamaño de su economía, pues su deuda equivale al 8.9 por ciento de su PIB, cuando el promedio es de 2.9 por ciento.

En ese indicador destacan también Coahuila y Quintana Roo, con el 7.1 y 6.9 por ciento del PIB, respectivamente.

Desde 1998 el Distrito Federal es la entidad que más deuda tiene contratada, aunque esto se ha logrado compensar en parte por los importantes ingresos propios con los que cuenta. El segundo lugar lo tiene Nuevo León, posición que ha mantenido desde 2011.

El tercer lugar es el que recientemente ha dado más de que hablar, Chihuahua, estado con alta vocación manufacturera cuya deuda reportó tasas de crecimiento de más de 50 por ciento anual en promedio en el periodo 2009-2013.

Si bien es el estado más extenso territorialmente en México, apenas tiene una participación de alrededor de 3 por ciento en la actividad económica del país.

Carlos González, investigador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que la deuda de corto plazo de los estados y municipios no es tan regulada como la de mayor duración, por lo que hay un incremento sustantivo de ésta en algunas entidades, como Nuevo León.

Señaló que la deuda de corto plazo normalmente se emplea para hacer frente a gastos de operación, lo cual “podría ser inconstitucional”, ya que el Artículo 117 de la norma suprema prohíbe a los estados y municipios “contraer obligaciones o empréstitos si no se destinan a inversiones públicas productivas”.

En lo que se refiere a deuda de largo plazo, González dijo que hay estados cuyo ritmo de endeudamiento debería preocupar, dado su nivel de ingreso, como es el caso de Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo.

Añadió que lo preocupante es el tema de la equidad intergeneracional, pues hay algunos estados que han pedido financiamientos a 30 años y ya comprometieron a las siguientes administraciones a pagar créditos que ni siquiera implementaron.

Subrayó el importante aumento de los pasivos de las entidades como porcentaje de las participaciones federales, “lo que ha generado que los dueños de la deuda se estén volviendo garantes de éstas; al estar comprometidas, en ocasiones amarran las manos de las legislaturas locales para poder tomar decisiones en materia de ingresos futuros, como fue en Coahuila”.