El Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo del poblano Ardelio Vargas Fosado, es la fiel representación de la precariedad de la política migratoria en México, destaca el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

El INM es una entidad pública dejada a su suerte y cuyas condiciones de operación lo ubican como un organismo público en extrema descomposición, señala el Diagnóstico “Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en Pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México”.

En la presentación del análisis en la Ibero Puebla, Sonja Wolf, integrante del Insyde, señaló que bajo las condiciones actuales del INM no existe instrumento de gestión pública que haga posible llevar a los hechos una política migratoria soportada en principios como hospitalidad, solidaridad y equidad.

Bajo la dirección de Vargas Fosado, el INM ve a los migrantes como un tema de seguridad nacional y no fortalece sus procesos administrativos, destaca el reporte.

Insyde analiza los procedimientos de gestión y los mecanismos de control que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración en la detención y atención de migrantes en el país.

El reporte fue elaborado por el programa de Migración del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría–IDHIE- de la Ibero Puebla, en conjunto con el Insyde , y se conforma de dos partes: una que analiza la gestión del INM y otra que revisa los mecanismos de control migratorio que lleva esa institución.

Para el diagnostico, el Insyde y el IDHIE- de la Ibero realizaron 264 solicitudes de información, realizaron 180 entrevistas y hubo visitas permanentes a las diferentes estaciones migratorias del país.

En el INM se reclutan a familiares y amigos

En torno a la gestión del INM, el reporte arroja que el instituto carece de un servicio civil de carrera, y no plantea criterios claros en sus convocatorias de ingreso y permanencia del personal, lo que  genera que se recluten a familiares y amigos como práctica recurrente.

Además la dependencia federal no define estándares mínimos para los distintos puestos y faltan filtros para llevar a cabo una buena selección de personal.

“En el INM un chofer puede desempeñarse como agente migratorio, cuando este así lo decida, aunque no tenga las herramientas para hacerlo”, explicó.

Sin protocolos para el uso de la fuerza

En cuanto a los mecanismos de control migratorio, el reporte detalla que no existen protocolos para el uso de la fuerza, y el único argumento que manejan cuando existen quejas contra agentes migratorios por violencia contra migrantes se fundamenta en que los funcionarios del INM no portan armas.

El INM tampoco cuenta con un protocolo que regule el uso de la fuerza de sus servidores públicos, lo que expone a los migrantes a sufrir daño a su integridad.

El reporte detalla que de 5 mil 170 quejas presentadas en los últimos tres años contra servidores públicos sólo se han ejecutado 29 inhabilitaciones.

Urgen cambios estructurales

Ante las inconsistencias en la operación del INM, el reporte aconseja realizar cambios de gestión estructural en la institución y no sólo depuraciones como se ha hecho en múltiples ocasiones.

Existe la necesidad de mejorar la transparencia del organismo y de generar políticas públicas para evitar que las personas emigren.

En cuanto a hechos de corrupción como el soborno, existen contrastes en las opiniones: para algunos entrevistados su existencia es clara y hacen posible la trata de personas y el secuestro; para otros, no existen actos de corrupción, pero sí una falta de acciones y claridad en los protocolos que permitan luchar contra estos fenómenos, agrega el análisis.

El documento recomienda a la Secretaría de Gobernación federal sanear los cuerpos de seguridad pública, para que protejan a todas las personas en territorio mexicano en lugar de atentar contra ellas y procurar la reducción de la violencia en las rutas migratorias.