Puebla es uno de los 16 estados en el país que presenta un mediano cumplimiento respecto a la armonización de su legislación con la Ley General de Víctimas, pues la entidad cojea en la creación de una normativa y un organismo de atención a personas que han sido objeto de algún delito, así como del registro de las mismas.

Así lo asentó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su “Diagnóstico sobre el cumplimiento de los estados para la armonización de sus legislaciones locales con la Ley General de Víctimas” que hizo público este miércoles.

Durante la conferencia de prensa, los comisionados de la CEAV explicaron que la armonización  de las legislaciones estatales no es una opción, pues los gobiernos y congresos están obligados por ley a cumplir con la disposición.

Las adecuaciones tienen que ver con la creación de una Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, el Registro Estatal de Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la Asesoría Jurídica Federal, así como los comités especiales que permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales de acuerdo con la realidad local.

Incumple Puebla con una Ley local

Para verificar el cumplimiento que las entidades hicieron del tema, la CEAV aplicó un cuestionario, mismo que arrojó que Puebla ha incumplido con la creación de una Ley local de Atención a Víctimas, aunque en su legislación cuenta con una norma anterior a la publicación de la LGV denominada “Ley para la Protección a Víctimas de Delitos”, que a su vez contiene un Reglamento y una normativa del Fondo para la Reparación del Daño y Protección a las Víctimas de los Delitos.

Asimismo, la entidad no ha creado una Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, aunque el Diagnóstico indica que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es la encargada de implementar las políticas y estrategias necesarias para que la protección se haga afectiva, sin embargo se enfatiza que esta instancia no es autónoma, pues pertenece a la administración estatal.

No hay registro de víctimas

Aunado a lo anterior, se resalta que en la entidad no hay un registro de víctimas, que debería contener datos como “víctimas de derechos humanos”.

Por otra parte, se indica que Puebla es omisa en la creación de una figura de “asesoría jurídica” que ayude a quienes son objeto de algún ilícito, y carece de un fondo de ayuda para la reparación del daño, mismo que debe garantizar la asistencia y reparación integral a las víctimas u ofendidos del delito.

El resto de los estados que comparten el estatus de Puebla son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que los estados que muestran un mayor compromiso son: Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

Durante la presentación de documento, que se efectuó en la ciudad de México, Alejandro Martí, presidente de la Organización Civil México S.O.S., enfatizó que resulta imperdonable que tanto el estado mexicano como las entidades federativas vean a las víctimas sólo como un número. “Los hago cien por ciento responsables y cómplices de los victimarios”, señaló al referirse a las entidades que no han cumplido con la normativa.