El encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, por oponerse al gasoducto Morelos forma parte de las 41 agresiones documentadas por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) en contra de 25 defensoras y mujeres periodistas.

El domingo 6 de abril,  al término de una reunión de Comisariados Ejidales en la localidad de San José Teruel, en Tepeojuma, un grupo de policías estatales capturó a Rosas Vélez.

Durante la detención los captores no se identificaron, ni presentaron orden de aprehensión alguna y amedrentaron con armas de fuego a las personas que presenciaron tal captura.

La activista buscaba que se tomara en cuenta la opinión de los habitantes de la zona en la que se pretende realizar el megaproyecto energético que plantea instalar un gasoducto en la zona alta del volcán Popocatépetl para abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, municipio de Yecapixtla, en Morelos.

Ante estas agresiones, la red exigió a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defienden los derechos humanos, además de pedir el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas.

La RNDDHM está conformada por 135 defensoras y mujeres periodistas de 83 organizaciones no gubernamentales de 19 entidades del país que se integran en un colectivo.

De los casos de criminalización documentados por esta Red de Defensoras de Derechos Humanos, 10 fueron casos de intimidación, 10 amenazas -ocho de las cuales fueron de muerte-, seis en contra del patrimonio personal, cuatro por actos de uso excesivo de la fuerza y tres relacionados con criminalización.

Además se documentaron tres casos de actos de campaña de difamación y desprestigio; dos detenciones arbitrarias; dos agresiones físicas y verbales y un ataque a patrimonio de la organización.

En el documento también se expone el caso de Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, que fue acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética.

Pemex acusa a Rosina de daños provocados durante su protesta el pasado primero de marzo, al romper una lámpara valuada en más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de cuatro a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.

En su informe, la Red resalta también el caso de la activista Gabriela Hernández, sentenciada a un año y tres meses de prisión tras ser detenida el 29 de octubre de 2013, acusada del delito de “ultrajes a la autoridad”.

La acusación contra la activista está basada en dichos de los policías, quienes afirman que ella los golpeó y llamó “puercos asalariados”, cuando se encontraba en el búnker de la PGJDF, donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013. Aunque el señalamiento no fue comprobado, sirvió para encuadrar el  tipo penal de “ultrajes a la autoridad”.

El reporte incluye los recientes actos de intimidación denunciados por la analista política Denise Dresser, por lo que expuso que las periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión también viven en condiciones de riesgo e inseguridad.

En los primeros meses del año este organismo civil ha registrado actos de intimidación, calumnia, amenazas, criminalización y judicialización contra mujeres periodistas, concluye el reporte.