El gobernador Rafael Moreno Valle informó que suman 43 los centros de  verificación vehicular que en las últimas semanas han sido revisados por presuntos actos de corrupción, denunciados por los propios usuarios.

Al presidir la segunda reunión ordinaria de la Comisión de la Megalópolis que se realizó este lunes en la capital poblana, el mandatario estatal refirió que la administración estatal recibió reportes de actividades anómalas en los “verificentros” revisados, tales como manipulación de los equipos de medición de contaminantes así como de vehículos, además de cobros indebidos, entre otros.

En el encuentro, el cual también fue encabezado por el secretario de Medioambiente y Recursos Naturales, Francisco Guerra Abud, Moreno Valle hizo énfasis de las revisiones que su administración ha efectuado a ese tipo de establecimientos, pues mencionó que ello forma parte del cumplimiento que Puebla hace sobre la homologación de criterios del funcionamiento de los mismos, que previamente acordaron los integrantes del organismo.

En ese sentido, los titulares de las áreas de Morelos, Tlaxcala, el estado de México, Hidalgo y el Distrito  Federal -quienes integran la Comisión y que también acudieron al encuentro-, expusieron que también han efectuado revisiones en los verificentros, mismas que han ameritado la clausura de los mismos en algunos casos.

Es necesario recordar que este fin de semana, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) informó que por actos de corrupción y diversas anomalías fueron clausurados 25 verificentros desde el pasado 21 de marzo, según la cifra hasta el domingo.

A través de un comunicado, la dependencia expuso que entre las faltas más graves encontradas en los sitios clausurados destaca el uso versiones de software caducas que permiten alterar los resultados de la verificación, así como la ausencia de conocimientos y capacitación del personal para efectuar los procedimientos.

Recientemente, la Asociación de Verificadores refirió que en caso de no llegar a un acuerdo con la dependencia estatal para reabrir los establecimientos clausurados, podrían recurrir al amparo.

Una vez que fueron clausurados, la dependencia otorgó un plazo de cinco días a los propietarios de los verificentros afectados para que cumplieran con los requerimientos hechos, sin embargo los establecimientos continúan cerrados.